Defensoría del Pueblo pide al Comité de las NNUU que protege a trabajadores migrantes que emita recomendaciones al Estado boliviano para que cumpla sus obligaciones con esta población
19 de Septiembre de 2022 01:55 pm
La Defensoría del Pueblo participó, este lunes, en la sesión de los
miembros del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familias de las Naciones Unidas, en la que
solicitó la adopción de una serie de recomendaciones al Estado boliviano para
garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales
descritas en dicha Convención.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que en el
encuentro, realizado vía zoom y en el que se realizó la evaluación periódica
del tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, se pidió que
se recomiende al país aprobar y poner en vigencia un instrumento normativo que
incorpore las categorías de trabajadores migratorios establecidas en la
Convención o modificar la Ley Migratoria para incluirlas, de modo que la
normativa nacional sea acorde a las obligaciones internacionales asumidas por
el Estado.
Asimismo, que regule un procedimiento claro que establezca
las pautas de actuación por parte de la Comisión Nacional del Refugiado y de
protección para personas apátridas y sus familias, y se trabaje en la
elaboración de los decretos reglamentarios a las Leyes 465 y 997.
Cruz indicó que la recomendación solicitada pasa también
porque se exhorte a Bolivia a que, mínimamente, el Consejo Nacional de
Migración tenga al menos dos reuniones anuales, a fin de generar políticas
públicas que beneficien a las personas en movilidad humana, especialmente, a
trabajadores migrantes y sus familias, toda vez que la última conocida se
desarrolló la gestión 2019.
Otra recomendación requerida para el Estado boliviano es que,
a través de la Dirección General de Asuntos Consulares dependiente de
Cancillería y la Dirección General de Migración dependiente del Ministerio de
Gobierno, complementen la información respecto a la atención y protección de
bolivianos en el exterior y se hagan públicos a través de sus páginas web y
redes sociales; y, principalmente, se garantice el acceso público de los datos
estadísticos de personas regularizadas por grupos etarios y tipo de
permanencia, así como los datos de personas sujetas a salidas obligatorias temporales y
definitivas.
Además, que, previo estudio poblacional de bolivianos en el
exterior, se amplíe de manera progresiva la cantidad de representaciones
consulares principalmente en Centro América, Asia y África, que se reformule el
procedimiento de salida obligatoria establecido en la Ley 370 y el Decreto
Supremo 1923, estableciendo como una etapa formal la conminatoria de
regularización y prorrogando los plazos recursivos, para una protección
efectiva de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias
en el Estado boliviano.
En la sesión, realizada la mañana de este lunes, se enfatizaron
los aspectos positivos de los avances del Estado Boliviano respecto al
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, y a su vez se hicieron
públicas las preocupaciones y principales motivos de alerta identificados por
la Defensoría del Pueblo.
Se resaltaron como avances, por ejemplo, el beneficio de la
otorgación de la cédula de identidad indefinida para residentes mayores de 60
años de edad que cuenten con residencia permanente; y la exoneración de tasas por servicios
migratorios a las personas con discapacidad que realicen salidas al exterior y
a las personas y sus familiares que requieran salir al exterior para
tratamiento médico de enfermedades graves de instalación aguda o crónica,
establecidos en la Ley 997 que modifica y complementa a la Ley 370 de
Migración.