DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y ACOBOL BUSCAN SUPERAR DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 243 CONTRA VIOLENCIA Y ACOSO POLÍTICO

La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), a fin de prevenir la violencia y acoso político, coordinan acciones para mejorar la implementación de la Ley 243 que norma y sanciona estos delitos; en esa línea,  el jueves 16, organizaron un taller de capacitación dirigido al personal de instituciones que trabajan en esta temática, a fin de reforzar sus conocimientos e identificar las dificultades que impiden una eficiente aplicación de la normativa.

De esta actividad, que se desarrolló en el salón Auditorio, participaronn servidoras y servidores públicos del Ministerio Público, Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU), Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (SEPDAVI), Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y Tribunal Departamental Electoral (TDE), que atienden casos relacionados a violencia y acoso político.

“Este taller permitirá profundizar el contenido y alcance de la Ley 243 y su decreto supremo 2935, sensibilizar sobre la  temática e identificar los cuellos de botella en la aplicación de la normativa, y establecer mecanismos de interrelación y coordinación interinstitucional para la defensa efectiva de las mujeres que se encuentran en una situación de acoso y violencia política en el ejercicio del cargo”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

La Autoridad destacó que el acoso y violencia política constituyen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y es una de las barreras estructurales más importantes que impide la plena vigencia y ejercicio de sus derechos políticos, lo cual se evidencia en datos del Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional, que muestra que entre enero y septiembre de 2018, recibió 71 casos, de los cuales el 94%  (67 de 71) son denuncias de concejalas.

“Esta información evidencia que el ámbito político local es donde las mujeres sufren mayores hechos de violencia, situación que se agrava debido a que los sistemas de protección son más débiles, en comparación con los existentes en el nivel nacional o departamental”, manifestó Cruz.

La Defensoría del Pueblo, en 2018, atendió un total de 13 casos, la mayoría corresponden al departamento de La Paz;  la ACOBOL reportó 113 casos de acoso y violencia política a noviembre de 2018, de los cuales el departamento de La Paz registra el mayor número con 54; mientras que la Fiscalía General del Estado, en la gestión pasada, atendió 78 denuncias, de éstas 53 corresponden a acoso político y 25 a violencia política.

La Dirección Nacional de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura, remitió un informe en  el que señala que el registro de procesos penales referidos a acoso y violencia política en ciudades capitales desde 2013 a 2017, suman 53, de éstos 45 corresponden a acoso político y 8 por violencia política contra mujeres.