EL ESTADO DEBE RESPETAR Y PROTEGER LA ECONOMÍA COMUNITARIA DE BASE AGROECOLÓGICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BENI Y PALOS BLANCOS

EL ESTADO DEBE RESPETAR Y PROTEGER LA ECONOMÍA COMUNITARIA DE BASE AGROECOLÓGICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BENI Y PALOS BLANCOS

14 de Agosto de 2024 11:09 am

EL ESTADO DEBE RESPETAR Y PROTEGER LA ECONOMÍA COMUNITARIA DE BASE AGROECOLÓGICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO BENI Y PALOS BLANCOS

La Defensoría del Pueblo, comprometida con los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como la promoción y protección de los derechos de la Madre Tierra, interpuso en la gestión 2023 la Acción Popular que dejó sin efecto la convocatoria a la consulta previa de la AJAM y por primera vez la autoridad jurisdiccional reconoció como sujeto de derechos al Río Beni. 

Luego de esta Acción Popular, los municipios de Palos Blancos y Alto Beni a través de la Ley Departamental N° 239 de 07 de marzo de 2024, fueron declarados: “Municipios Agro ecológicos, Productivos con Recursos Hídricos Libres de Actividad y Contaminación Minera”, tal como han establecido en sus normas municipales, reafirmando su vocación productiva de la región en el departamento de La Paz, para consolidar la seguridad y soberanía alimentaria a fin de preservar los derechos de las futuras generaciones.

En fecha 17 de octubre de 2023, la Vicepresidencia promovió el conflicto positivo de competencias, señalando que la administración de recursos naturales estratégicos son competencia exclusiva del nivel central del Estado, sin tomar en cuenta los artículos 306 y 307 de la Constitución Política del Estado (CPE), que señalan que el Estado: “Reconocerá, respetará, protegerá la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos”. De igual manera, el parágrafo II del artículo 306 de la CPE, señala que el modelo económico boliviano es plural y está constituido por la organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, reconociendo la igualdad e interdependencia entre estos modelos.

Por último, el nivel central del Estado, de acuerdo a lo previsto en el numeral 9, artículo 316, tiene la obligación de formular periódicamente con participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica, debiendo reconocer, respetar y proteger las organizaciones económico comunitarias, lo cual afectaría a las cooperativas de cacao, productores de plátano, yuca, cítricos y otros, además de poner en riesgo la certificación internacional para exportar cacao y otros productos orgánicos, inversiones que en la pasada gestión alcanzaron Bs. 210 Millones de Bolivianos en la construcción de la planta liofilizadora de frutas; planta de café mosetén y el centro de innovación del cacao, afectando los avances e inversiones realizados por Bolivia en la exportación agro ecológica reconocida a nivel internacional por su calidad y cumplimiento de normas ecológicas en la producción del cacao y otros tantos productos. 

Por ello se insta a las autoridades competentes a respetar la decisión de las bolivianas y bolivianos productores de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni de promover la economía comunitaria y social cooperativa y la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria, implementando procesos de seguridad y soberanía alimentaria eficiente y económicamente viable en el tiempo, en el marco del respeto a la libre determinación de los pueblos, manifestada en sus leyes y cartas orgánicas municipales, la Ley Departamental y la misma CPE aprobada para el efecto. 

Asimismo, exhortamos a las instancias competentes a respetar lo dispuesto en la Constitución Política del Estado protegiendo las organizaciones económicas comunitarias y las organizaciones sociales cooperativas que respeten el uso de suelo y las características de los ecosistemas en el marco de lo dispuesto por la Constitución, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria. Como Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento correspondiente a la Acción Popular planteada en el marco de nuestras competencias institucionales.

La Paz, 14 de agosto de 2024