Gestor de Notas de Prensa

Con la promulgación de la Ley N° 807 de Identidad de Género, el 21 de mayo de 2016, Bolivia no sólo demostró su vocación de respeto y ser garante de los derechos de toda la población sin discriminación y en igualdad de condiciones, también dio un paso histórico para la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTI), al establecer por primera vez en su historia, el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena su derecho a la identidad de género.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este martes, participó de la inauguración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) y anunció una investigación sobre la accesibilidad para personas con discapacidad física-motora y visual en universidades públicas del país, a fin de conocer si éstas otorgan condiciones necesarias para posibilitar la formación profesional de esta población.

La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), a fin de prevenir la violencia y acoso político, coordinan acciones para mejorar la implementación de la Ley 243 que norma y sanciona estos delitos; en esa línea,  el jueves 16, organizaron un taller de capacitación dirigido al personal de instituciones que trabajan en esta temática, a fin de reforzar sus conocimientos e identificar las dificultades que impiden una eficiente aplicación de la normativa.

Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que incluyó de manera expresa en su Constitución, la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, prohibición que además fue desarrollada en la Ley N° 045, contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual define a la homofobia como toda aversión,  odio,  prejuicio  o discriminación  contra personas que integran a la diversidad sexual y a la transfobia como la  discriminación  hacia  la  transexualidad  y  las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.

La Defensoría del Pueblo, dentro del seguimiento al cumplimiento a recomendaciones contenidas en el “Informe Defensorial: Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de la Ley 348”, logró el compromiso de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), para la apertura de un centro especializado para la atención a víctimas de violencia.

La Defensoría del Pueblo elaboró la Guía Terminológica Inclusiva con Enfoque de Derechos Humanos para promocionar el uso adecuado del léxico que hace referencia a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El documento fue presentado por la Delegación Defensorial de Chuquisaca, en la víspera, a organizaciones de estas poblaciones en ese departamento, para validar su contenido.

La Delegación Defensorial de Chuquisaca, este jueves, socializó el contenido y alcances del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazu”, con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, INRA, gobiernos municipales de Sucre, Las Carreras, Yamparaez y Poroma, y organizaciones sociales. 

La mediación de la Delegación Defensorial de La Paz, posibilitó que el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, entregue a los familiares, el cuerpo de C.M.S., fallecida el pasado domingo, luego que se firmará un acta de compromiso para saldar una deuda pendiente de 147 mil bolivianos por servicios de salud, lo que motivó la retención de la difunta.

Con el objetivo apoyar en el fortalecimiento de capacidades sobre desarrollo inclusivo basado en la comunidad y empoderamiento y fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad, este martes se desarrolló la primera jornada del “Taller sobre Desarrollo Inclusivo y Fortalecimiento Organizacional”, organizado por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) y el Programa Mundo Inclusivo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

La intervención de la Defensoría del Pueblo, en calidad de tercer interesado en una acción de amparo constitucional presentado contra la Caja Petrolera de Salud, posibilitó que la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz ordene al ente asegurador la reafiliación de una persona adulta mayor enferma de cáncer, a quien se le suspendió su tratamiento, al no permitirle renovar su seguro voluntario de salud.