AUTORIDADES

Pedro Francisco Callisaya Aro tiene 55 años de edad, es de nacionalidad boliviana. Licenciado en Derecho (examen de grado en área civil-aprobación plena con mención honrosa) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y es maestro titulado de la Normal Integrada Simón Bolívar.

Tiene una Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, y es Doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo organizado por la UMSA y la Universidad de Valencia. Además de Post grados y cursos de universidades nacionales e internacionales sobre Justicia, Derechos Humanos, Interculturalidad y Descolonización, entre otras varias temáticas.

Cuenta con dos especialidades, una en Derecho Procesal Penal y otra en Derechos Humanos, esta última realizada en la Universidad de Lund- Instituto Raúl Wallenberg (Suecia); además realizó varios cursos, seminarios, talleres, simposios, foros y/congresos en materia jurídica.

Dentro de su carrera profesional, comenzó como secretario de abogado en 1997 en la Corte Superior de Distrito de La Paz; en 2001 ingresó a la Defensoría del Pueblo, llego a asumir Jefatura de la Unidad Nacional de Servicio a la Ciudadanía. La institución defensorial lo acogió por 11 años en los que desarrolló sus conocimientos y vocación por los derechos humanos. Entre 2016 y 2017 fue parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH como experto en derechos humanos. El último cargo que desempeñó fue en 2021 como Vocal Presidente de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de la Justicia de La Paz.

Entre el 2001 y 2019 fue docente en la Universidad Pública de El Alto, la Universidad Privada Franz Tamayo, la Universidad Privada Del Valle, la Universidad Católica Boliviana, la Escuela Militar de Ingenieros, la Escuela de Abogados de la Procuraduría General del Estado y la Escuela de Jueces del Estado.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Escribió los textos “La Prueba. Caracterización de prueba y los medios de prueba en el Código Procesal Civil”; “Las Acciones de Defensa en el Código Procesal Constitucional. Una perspectiva desde la acción Amparo Constitucional”; Gatopardo: Jurisprudencia sobre el principio de la verdad material” (coautoría); y “Protocolo de actuación en audiencias preliminares y complementaria del Proceso Civil” (coautoría). Su última publicación “¿Por Quién Doblan las Campanas?: el Problema del Registro de Derechos Reales”. También escribió varios artículos en el ámbito jurídico laboral, económico y lenguaje de los derechos y el proceso de descolonización.

AMALIA ELIZABETH MORATÓ DE BÉJAR

DELEGADA ADJUNTA PARA LA DEFENSA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

 Amalia Elizabeth Morató De Béjar es boliviana, nacida en La Paz. Es economista con especialidad en políticas públicas para el desarrollo, programas regionales, planificación estratégica y métodos estadísticos aplicados a la economía y derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de su carrera profesional trabajó con personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, con énfasis en quienes viven en centros de acogimiento, pueblos indígenas y derechos de las mujeres, a quienes dedicó gran parte de su carrera profesional. 

Es especialista en enfoque de derechos territoriales, acceso a la justicia, en cuya materia produjo varios textos de línea de base para la formulación de reformas del sistema de justicia.

Morató de Béjar es una importante promotora de la igualdad en los derechos para las mujeres, los cuales son vulnerados cotidianamente y durante su desempeño laboral dedicó sus esfuerzos para lograr un acceso equitativo a las oportunidades para este sector de la población.

Su amplia experiencia profesional se constituyó en un importante aporte para instituciones como la Defensoría del Pueblo donde se desempeñó como Delegada Defensorial Departamental de La Paz, en el Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, el Gobierno Autónomo Municipal de Guanay, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, OXFAM, Fundación Astres España y Compañeros de las Américas. 

ROXANA MALLEA MAMANI

DELEGADA ADJUNTA PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Nacida en la ciudad de El Alto, Roxana Mallea Mamani es reportera aimara popular que tuvo un marcado paso en los medios de comunicación del Estado, aportando en la construcción del país con la mirada desde los pueblos de la Bolivia profunda.

De padres agricultores de las comunidades Antarni y Ajnocollo de la provincia Pacajes, Mallea se abrió paso por diferentes medios de comunicación convirtiéndose en la primera mujer de pollera en conducir noticieros en español y aimara.

La radio, la voz del pueblo, como la considera Mallea, fue el inicio de su carrera, dando sus primeros pasos en el noticiero del canal 57 CVC de la ciudad  de  El Alto  como  presentadora de  noticias  y productora de programas; en el Instituto ‘Berlín’ hizo formación en locución radial  y  oratoria, se capacitó en Periodismo Responsable en la Universidad ‘Franz Tamayo’, profundizó sus conocimientos en producción televisiva en el Instituto SISMEC,n  y estudió Comunicación Social en la UMSA y de forma paralela, actualmente se profesionaliza en derecho, en último año de carrera en la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB).

Por su destacado trabajo, Mallea fue designada como corresponsal oficial en la cobertura de la 42va. Sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos, donde a propósito de su misión, fue reconocida por medios internacionales como la primera mujer de pollera que hizo cobertura de gran magnitud.

Entre las coberturas especiales se destaca la Cumbre de países del G77 en Santa Cruz, así como otras del área política, económica, social y de temáticas especiales del área social.

RONALD CÉSPEDES BARRIGA

DELEGADO ADJUNTO PARA LA VIGENCIA Y EJERCICIO DE LOS DD.HH. DE NNA, MUJERES Y POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Ronald Céspedes Barriga, tiene 42 años de edad, nacido en Oruro con radicatoria permanente en Sucre.

Licenciado en Sociología y con estudios en Derecho, por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Diplomado en Derechos Humanos y Políticas Públicas por el Instituto Henry Dunant de Chile y Diplomado en Geopolítica por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Premio Mexicano de Sociología “Vicente Lombardo Toledano” 2016/2017. Ha realizado diversos cursos en derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos entre otros.

Cuenta con Maestría concluida en Derechos Humanos en la Administración de Justicia por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y es candidato doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas.

A lo largo de los veinte años de experiencia, activismo y militancia en derechos humanos a ejercido diversas labores, destacando su participación en el Comité Impulsor para el Juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores entre 2003 al 2010 y la vocería nacional del Movimiento LGBT en la Asamblea Constituyente realizada de 2006 al 2007, en Sucre, capital de Bolivia.

Desde 2008 forma parte de la Coalición con trabajo en derechos humanos para la población LGBTI en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 2014 fue docente de la Escuela de Formación Política Empodera con sede en Lima, Perú. En 2015 cofundó junto a otros activistas, la Red Latinoamericana GayLatino, de la cual actualmente es presidente de su directorio desde 2016 es miembro del Comité Asesor de la Asociación de Estudios Bolivianos. Entre 2018 al 2022 fue secretario del Honorable Consejo Facultativo de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la USFXCH.

Entre 2021 y 2022 fue coordinador del comité directivo del Consorcio Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, con trabajo en VIH/sida y derechos humanos. Ha apoyado diversos procesos formativos en derechos humanos en Colombia, México, Argentina, Perú y Paraguay y colabora a diversos organismos bilaterales y multilaterales como ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD y CIDH, entre otros.