Oficina - Tarija

DEFENSORÍA DEL PUEBLO GESTIONA CELERIDAD EN EL ACCESO A BENEFICIOS DE EJECUCIÓN PENAL DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE MORROS BLANCOS

DEFENSORÍA DEL PUEBLO GESTIONA CELERIDAD EN EL ACCESO A BENEFICIOS DE EJECUCIÓN PENAL DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE MORROS BLANCOS

23 de junio de 2020

Ante la denuncia pública de los privados de libertad del Recinto Penitenciario de Morros Blancos respecto a una supuesta demora y postergación en la ejecución de mandamientos de libertad por cumplimiento de condena o beneficios penitenciarios establecidos por ley, La Defensoría del Pueblo en Tarija ha sostenido reuniones virtuales con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Dra. Yenny Cortez Baldiviezo, la responsable de Régimen Penitenciario, Mariela Figueroa y con servidores públicos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública SEPDEP, con el objetivo de conocer la situación procesal e instar al único Juzgado de ejecución penal en el departamento, se de celeridad en el acceso a los beneficios de ejecución penal de los privados de libertad en el departamento.

Al respecto, en contacto con el Juzgado de Ejecución Penal se tiene conocimiento que estos trámites están en curso y que se definirá la situación legal de aquellos privados de libertad que hayan presentado sus requerimientos y que se encuentran en condiciones de acceder a los beneficios de ejecución o se haya constatado el cumplimiento de su condena. Si bien, el avance de los trámites ha sido evidente burocrático y tedioso durante la cuarentena por la emergencia nacional, la reciente destitución de los siete servidores públicos de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario genera mayor incertidumbre en la población penitenciaria, quienes observan con preocupación la paralización de todos sus requerimientos.

Asimismo, se ha solicitado a Defensa Pública se encargue de recabar la documentación necesaria en coordinación con la Dirección de Régimen Penitenciario, a quien se instó, gestionar a la brevedad posible la continuidad de personal en los cargos técnicos y administrativos de Régimen Penitenciarios, que habrían quedado acéfalos tras la injusta y apronta destitución de siete profesionales y técnicos de la institución el pasado 17 de junio de 2020.