DEFENSORÍA DEL PUEBLO LAMENTA HECHOS DE AGRESIÓN Y HOSTIGAMIENTO A LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.
8 de febrero de 2025
La Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Silvana Mucarzel, presentó queja ante la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, señalando que, tras realizar el informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2024, es víctima de amedrentamiento por parte de un grupo de personas en inmediaciones de su domicilio, lo cual está afectando la seguridad de su familia y vecinos.
Ante
Ante tal situación, la Defensoría del Pueblo lamenta y rechaza cualquier hecho de violencia política que ponga en riesgo la integridad física y emocional de cualquier autoridad electa o de vecinos ajenos al quehacer político. Asimismo, recordamos que este tipo de acciones está penado en la Ley 243, Contra el Acoso y Violencia Política a la Mujer que en su Artículo 7 inciso a) señala; “Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".
En el informe defensorial “Obligadas a renunciar, compromisos forzosos de gestión compartida”, registró desde 2014 hasta el 14 de abril de 2023, 173 casos de acoso y violencia política contra mujeres que ejercen cargos electos, tanto en municipios como gobernaciones; por ello, es importante en protección de la mujer autoridad electa, cumplir la Ley 243.
Desde la Defensoría del Pueblo realizamos el seguimiento de este y otros casos y las acciones que realizarán las autoridades competentes para evitar cualquier tipo de vulneración a los DDHH. Asimismo, exhortamos a las y los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil no incurrir en prácticas de intolerancia antidemocrática y acudir a las instancias pertinentes establecidas en el marco legal para reclamar hechos relacionados al desempeño de las funciones públicas.