Oficina - Chuquisaca - Sucre

Edwin Martínez, Delegado Defensorial de Chuquisaca, informó que la Defensoría tomó conocimiento del caso de dos adolescentes cuya madre habría fallecido y el padre es una persona privada de libertad, quien se constituye en la única fuente de ingresos económicos para la subsistencia de adolescentes que viven en el municipio de Villa Charcas. Debido a la restricción de actividades económicas, en el periodo de cuarentena total por la emergencia sanitaria por el COVID-19 el padre no puede comercializar los productos que elabora, por lo que sus hijos no cuentan con los ingresos generados para el progenitor para solventar sus necesidades.

En la jornada de hoy, la periodista que fue víctima de tentativa de feminicidio en el mes de enero de 2018, dio a conocer a la Defensoría del Pueblo sobre la ejecución de un mandamiento de aprehensión de su agresor, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace mucho tiempo.

En equipo interinstitucional compuesto por personal de la Defensoría del Pueblo,  Grupo de Apoyo Civil a la Policía y Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se constituyeron en la zona de Bajo Delicias del Distrito 2 del municipio de Sucre, para socorrer a una persona de la tercera edad que se encontraba en una inminente situación de riesgo.

El Delegado Defensorial de Chuquisaca, Edwin Martínez en una verificación efectuada en el centro de acogida Calor de Hogar, pudo evidenciar que las niñas y adolescentes que se encontraban acogidas en este centro, fueron trasladadas a los ambientes donde funcionaba el comedor del Adulto Mayor, debido a que las autoridades del SEDES decidieron habilitar la infraestructura del centro de acogida Calor de Hogar para las personas repatriadas.

En la jornada de ayer, la Defensoría del Pueblo, evitó que una familia de escasos recursos, desaloje la habitación en la que vive, a raíz de la deuda económica contraída por concepto de alquiler devengado.

El Delegado Defensorial Edwin Martínez informó que la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento al mandato constitucional y en resguardo de la Ley 870 Ley de la Defensoría del Pueblo, inició una investigación formal de oficio ante la denuncia conocida a través de los medios de comunicación, en el sentido de que alrededor de 46 personas estarían trabajando sin sueldo desde el mes de enero del año en curso en el Hospital San Pedro Claver, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.