Oficina - Tarija

La Defensoría del Pueblo en Tarija evidenció el pasado viernes la entrega de indumentaria e insumos de bioseguridad a todo el personal del Hospital Regional San Juan de Dios, después que la institución evidenció anteriormente las insuficientes medidas de protección, en especial a personal de limpieza, mucamas, camilleros y personal médico que atiende en salas de internación que no tendrían un contacto directo con pacientes COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo en Tarija ha instado a las autoridades educativas a nivel departamental y nacional, atender a la brevedad posible las demandas estipuladas en el pliego petitorio de los docentes destituidos de las Escuelas superiores de formación de maestras y maestros ESFM, del Programa de Formación Complementaria para maestros PROFOCOM y de la Unidad especializada de formación continua UNEFCO, quienes ante la falta de respuesta de las instancias competentes, han instalado una huelga de hambre en el ingreso de la Dirección Departamental de Educación desde el lunes 25 de mayo.

La Defensoría del Pueblo, tras haber tomado conocimiento de las denuncias realizadas por el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública SIRMES y del Sindicato de Trabajadores del Hospital Regional San Juan de Dios, respecto a la escasa dotación de implementos de bioseguridad, realizó este lunes una  verificación defensorial en diferentes áreas del principal nosocomio del departamento, evidenciando la situación de riesgo en la que se encuentra el personal de salud, al estar expuesto a la atención de diferentes patologías, incluyendo posibles casos de COVID19 que pudieran presentarse.

La Defensoría del Pueblo acudió a la reunión interinstitucional convocada por la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario en el Recinto de Morros Blancos, en donde advirtió a las pocas instituciones participantes sobre las condiciones de hacinamiento, retardación de justicia e inexistencia de condiciones para afrontar posibles casos de COVID-19.

Tras conocerse un Voto Resolutivo emanado por las personas privadas de libertad del Recinto Penitenciario de Morros Blancos, la Defensoría del Pueblo en Tarija instó a la Dirección de Régimen Penitenciario, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia asumir acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad, la dotación de insumos, la tramitación de amnistías e indultos y la realización de audiencias virtuales para descongestionar el centro de reclusión del departamento. 

La Defensoría del Pueblo en Tarija ha evidenciado que las medidas de bioseguridad asumidas en los Centros de Reintegración Social para adolescentes con responsabilidad penal “Oasis” de varones y “Trinidad Peralta” de mujeres, no cumplen con las recomendaciones establecidas por los organismos de salud, lo cual pone en alto riesgo la salud y la vida de la población adolescente.