Oficina - Yacuíba

La Defensoría del Pueblo a través de la Coordinación Regional de Yacuiba, logró generar el compromiso institucional del Ejecutivo Regional Transitorio José Quecaña para continuar con la entrega de la canasta alimentaria de las personas adultas mayores, la cual fue suspendida desde hace una semana, generando conflicto con la población adulta mayor del municipio fronterizo. 

La Defensoría del Pueblo en Yacuiba realizó el seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Sentencia Constitucional 206/2014, evidenciando la realización de la Interrupción Legal del Embarazo a una adolescente de 15 años, quien fue agredida sexualmente por su padre en el municipio de Villa Montes.

La Coordinación Defensorial Regional de Yacuiba se constituyó en el bloqueo instalado en la comunidad San Francisco del Inti, de la ruta 9 que une Tarija con Santa Cruz, por quienes exigen la devolución del 100 por ciento de los aportes a las AFP’s, logrando gestionar un cuarto intermedio y la libre circulación de ambulancias y vehículos de auxilio médico, ya que se  evidenció alrededor de 300 vehículos varados del transporte pesado. 

La Defensoría del Pueblo logró gestionar el conflicto entre el Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes y los capitanes zonales de las comunidades de Cardonal, Tero Tero, Vizcacheral, Nueva Esperanza, pertenecientes al pueblo Wenhayek, para reanudar la distribución del paquete alimentario con reposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que estaba suspendido después de que el pasado fin de semana, tres de los camiones repartidores, habrían sido retenidos de forma irregular en la comunidad de “Resistencia”.

La Defensoría del Pueblo presentó al Ejecutivo y al Concejo Municipal de Yacuiba, el paquete normativo para la atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres, documento elaborado por la instancia defensorial con el objetivo de proporcionar a los Gobiernos Departamentales, Regionales y Municipales herramientas normativas que puedan ser incorporadas en el ordenamiento jurídico de la instancia municipal, que les permita investigar y sancionar posibles casos en contra de mujeres elegidas como autoridades electas, enmarcadas en la Ley 243.

La Defensoría del Pueblo evidenció falta de acceso  a los beneficios de Amnistía e Indulto, establecidos por el Decreto Supremo 4226 en el Centro de Readaptación Productiva "El Palmar" en  Yacuiba y  el centro de custodia de Villa Montes, debido a la ausencia de servidores públicos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública SEPDEP.