Oficina - El Alto

La Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, este miércoles se constituyó en el Concejo Municipal de Laja para socializar el “Paquete Normativo para la Prevención y Sanción del Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, en Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Departamentales”, propuesto por la Defensoría del Pueblo en el marco a sus atribuciones constitucionales y la Ley 870.

Ante el hecho de violación múltiple a una adolescente en El Alto, la Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, realiza seguimiento del caso, evidenciando que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del gobierno municipal alteño asumió el patrocinio de la adolescente y realiza las acciones legales, conjuntamente con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), además del apoyo social, psicológico y el examen forense correspondiente. Asimismo, se esperan los resultados de los exámenes médicos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y descartar una posible Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La Coordinación Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, este viernes, visitó a las personas en situación de calle que se encuentran en el Alberque de Atención a Personas en Situación de Calle, dependiente del municipio Alteño, para socializar los Derechos Humanos.

En el marco a las atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo, a través de su Coordinación Regional El Alto, visitó el Albergue de Atención a Personas en Situación de Calle, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), verificando una adecuada atención a esta población vulnerable.

Con el objetivo de velar al cumplimiento de los derechos de la niñas, niños y adolescente, la Coordinación Regional El Alto Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a la repatriación de una adolescente de 13 años de edad, proveniente de la República de Chile, quien se encontraba institucionalizada en un albergue de menores de edad en el vecino país.

La oficina Regional El Alto de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Servicio General de Identificación Personal, (SEGIP) y la Trabajadora Social del penal de Chonchocoro, gestionó la cedulación para 179 privados de libertad.