ACNUR FORMALIZA SU APOYO A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y FIRMAN ACUERDO DE TRABAJO CONJUNTO EN BOLIVIA

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo González, llegó al país y formalizó su apoyo a la Defensoría del Pueblo a través de la firma de un acuerdo interinstitucional, que permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficio de personas refugiadas, solicitantes de refugio o necesitadas de protección internacional en Bolivia.

El convenio fue suscrito, esté sábado, por el representante del ACNUR y la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, mismo que tiene por objeto garantizar la protección y la búsqueda de soluciones duraderas para estas personas  a fin de prevenir que sean víctimas de discriminación o estigmatizadas y puedan ser efectivamente incluidas en la sociedad boliviana.

“El acuerdo establece 11 áreas de trabajo y tendrá una duración de dos años, tiempo en el que se hará una investigación para identificar las necesidades de refugiados en el país y gestionar la atención ante las instancias correspondientes y la vía humanitaria, de modo de dar respuestas efectivas de protección”, manifestó Cruz.

Por su parte, Murillo manifestó que la firma de este convenio lanza una voz muy fuerte, no solamente a nivel  nacional, sino a nivel regional, de la importante labor que tienen los organismos nacionales de promoción y protección de derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo en cuanto a la protección de solicitantes de refugio o personas refugiadas.

 “Cuando un estado promueve y protege derechos humanos, no solamente se ocupa de la protección de sus propios connacionales, sino de todos las personas que están bajo su jurisdicción, en este caso no nacionales o extranjeros”, manifestó el representante del ACNUR, quien resaltó que ese organismo trabaja de manera conjunta con las Defensorías del Pueblo para que haya una protección efectiva.

El convenio establece el fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría del Pueblo y sus oficinas a nivel nacional, para la atención en puntos de acceso al territorio y otras áreas de interés para identificar y prevenir posibles riesgos de protección; velar por la emisión de respuestas de protección adecuadas por parte de las instituciones del Estado que garanticen la aplicación y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de protección de personas refugiadas y apátridas.

Cruz destacó, asimismo, el desarrollo de talleres y jornadas de capacitación, con prioridad en fronteras, dirigidos a servidoras y servidores públicos y a la sociedad civil en temas vinculados a la protección de personas solicitantes de refugio, refugiadas, apátridas, así como de otras personas vinculadas a la temática, de modo que puedan conocer los derechos de quienes se encuentran en calidad de refugiados o son solicitantes refugio.

Otro punto a destacar, es la gestión para el ejercicio  de derechos como el acceso al territorio, no devolución, acceso y calidad del sistema de reconocimiento de la condición de refugiado, acceso y calidad de mecanismos alternativos migratorios de permanencia, documentación, atención a niñas y niños extranjeros no acompañados y otros derechos fundamentales.