ANÁLISIS DEL ACUERDO MIGRATORIO ENTRE BOLIVIA Y CHILE
17 de Febrero de 2025 04:47 pm
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos en Bolivia, en el marco de sus competencias establecidas en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley N° 870, realizó un análisis del Acuerdo Migratorio suscrito entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de terceros países que se dirigen a Chile, anticipando posibles impactos antes de su implementación y del desarrollo de su reglamentación, sobre todo de la población más vulnerable en situación de movilidad humana.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo elaboró un documento con observaciones y propuestas remitido a las instancias estatales pertinentes.
Dicho documento, desarrollado en coordinación con diversas organizaciones de asistencia a personas en situación de movilidad humana, plantea recomendaciones clave sobre la aplicación del Artículo IV del Acuerdo, abordando los siguientes aspectos:
- Compromiso de retorno o reingreso: Establecimiento de garantías para la aceptación del retorno o reingreso de nacionales y extranjeros de terceros países detectados evadiendo u omitiendo el control migratorio en un radio de diez (10) kilómetros de la frontera.
- Protección de niñas, niños y adolescentes: Implementación de medidas específicas para menores no acompañados o que viajen con adultos que no puedan acreditar su vínculo con ellos.
- Acceso a protección internacional: Asegurar la aplicación de mecanismos de protección internacional en las zonas fronterizas.
- Fortalecimiento técnico y logístico: Reforzar las capacidades de las entidades que operan en la frontera para garantizar una gestión migratoria adecuada.
- En el marco del Plan de Fronteras 2024 – 2028, la Defensoría del Pueblo continuará con las gestiones defensoriales necesarias, así como el seguimiento y monitoreo de las zonas fronterizas con Chile y otros países. Asimismo, hace un llamado a las autoridades gubernamentales a dialogar sobre la aplicación del Acuerdo, con el propósito de garantizar condiciones justas y seguras para los cientos de personas que transitan diariamente hacia Chile.