ANTE CRISIS CARCELARIA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y 23 ORGANIZACIONES CIVILES PLANTEAN PROPUESTA PARA PROMOVER EL DESCONGESTIONAMIENTO PENITENCIARIO

 La Paz, marzo 12 (UCOM/DPB). – La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP-Bolivia), en coordinación con diferentes organizaciones de la sociedad civil elaboró una propuesta enfocada a frenar y reducir el crecimiento de la población penitenciaria, mejorar las condiciones de vida y la seguridad en las cárceles, misma que será presentada para su consideración en el VII Consejo de Seguridad Penitenciara, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz este 13 y 14 de marzo de 2025.

La propuesta conjunta de la sociedad civil y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para el Consejo Nacional Penitenciario resalta tres grandes temas de preocupación: Crecimiento de la población privada de libertad; servicios estatales deficientes; y violencia.

Se inicia con un breve diagnóstico del crecimiento de la población de privados de libertad (PPLs) desde el 2020 hasta el 2024, en la cual se evidencia un incremento desproporcionado de PPL, de 17.305 en 2020 a 32.035 en 2024.

“Este crecimiento de la población penitenciaria está íntimamente relacionado al hacinamiento, uso excesivo de la detención preventiva, falta de separación y clasificación de las personas privadas de libertad; y la imposibilidad de ejecutar programas adecuados de reinserción social”, señala el documento.

Ante esto, la propuesta trabajada por el MNP-Bolivia y las 23 organizaciones de la sociedad civil, busca impulsar medidas estructurales como la aplicación de alternativas a la privación de libertad, limitando, por ejemplo, el uso de la detención preventiva. Asimismo, plantea medidas paliativas (de emergencia) como la aprobación de un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto en el marco de las recomendaciones internacionales.

Asimismo, plantea “considerar la realización de jornadas de descongestionamiento una vez por trimestre, cuidando que no se limite a la aplicación del procedimiento abreviado y considerando medidas sustitutivas a la detención preventiva y la aplicación de beneficios penitenciarios”.

En el segundo tema de preocupación el documento identifica “servicios estatales deficientes”, con infraestructura precaria, falta de alimentación adecuada (retrasos en los prediarios), falta de oferta educativa-laboral y obstáculos en el acceso a la salud.

En esa línea, y considerando la escasez de recursos, se plantea como medida de “emergencia” la construcción y ampliación de infraestructura recurriendo a mano de obra de los mismos privados de libertad, en aplicación del Decreto Supremo N° 5251 de 16 de octubre de 2024, aclarando que esta medida debe ser absolutamente voluntaria y en el marco de la reinserción social. En lo referente a los prediarios se pide que se tome “medidas urgentes para evitar retrasos en el pago, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 1854, de 24 de diciembre de 2013”.

Sobre el punto de acceso a la salud, entre las propuestas destaca la recomendación: “garantizar que el examen médico inicial sea máximo dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario”.

En el tercer punto referente a “violencia”, la propuesta identifica como problemas principales las deficiencias en seguridad, el autogobierno y la falta de rehabilitación y reinserción social.

Ante esto la propuesta recomienda, como una medida de urgencia y estructural, la separación y clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo a la naturaleza y gravedad del delito, con el objetivo de separar a personas altamente peligrosas de las que quieran trabajar en su reinserción social, con ello se aportará a mejorar la seguridad penitenciaria y reducir los riesgos de violencia. Asimismo, se propone fortalecer el rol de los gobiernos departamentales y municipales en los programas penitenciarios que aporten a la reinserción social.

De acuerdo al Jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, esta propuesta se envió de manera oficial a la Dirección General de Régimen Penitenciario para que la misma sea debatida en el VII Consejo de Seguridad Penitenciaria a realizarse este 14 y 15 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.

La propuesta contó con el aporte de diversas instituciones como el ITEI, la Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, Asuncami, Cladem Bolivia, ADESPROC LIBERTAD GLBT, PROGETTOMONDO, Realidades, Fundación Kallpa, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Colectivo Plurales, Red Iberoamericana Libertades Laicas, Colectivo Angirü, Oficina Jurídica para la Mujer, Colectivo GLBT del Sur, TLGB Tarija, Asamblea Permanente de derechos Humanos – Beni, Igual, Veeduría Ciudadana de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Libertad, Colectivo Wiñay Wara, Asociación de viudas, huérfanos/as, heridos/as, detenidos "Víctimas de la Masacre de Senkata" de la Ciudad de El Alto y La Paz, Pastoral Carcelaria Católica de Bolivia, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH, y la Coalición Ciudadana Contra la Tortura.

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CÁRCELES