CASO ‘MERCEDARIO’: DEFENSORÍA DEL PUEBLO HACE SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES Y CONVOCA A VIGILAR QUE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS NO SE REPLIQUE

La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de El Alto, registró la protesta de un grupo de ciudadanos en inmediaciones del cementerio ‘Mercedario’ de la ciudad de El Alto (25/09/2023). En la verificación “in situ” se evidenció que los movilizados reclamaban por la exhumación intempestiva de los restos de sus familiares, acción aparentemente autorizada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA).

Los testimonios recogidos por los operadores defensoriales, en gran mayoría coinciden en que “no fueron notificados de esta acción de retiro o destrozo de nichos”, aspecto que calificaron como la “profanación de un lugar sagrado”. El hecho se suscitó a casi un mes de la fiesta nacional de ‘Todos Santos’ (Día de los difuntos y retorno de las almas).

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades del GAMEA, a manifestarse de forma inmediata y desarrollar acciones urgentes para que no se susciten más vulneraciones de derechos de este tipo; e identificar a los responsables de estos hechos y establecer las sanciones correspondientes, acorde a normas y procedimientos establecidos, toda vez que las mismas no hubiesen sido autorizadas por la máxima autoridad edil. Finalmente, se pide a la instancia municipal a detener cualquier proyecto que se desarrolle en el espacio sagrado, hasta que se subsane el conflicto con los usuarios del cementerio. De no lograr retirar todos los cadáveres del lugar y llegar a un acuerdo beneficioso con los familiares, se recomienda contemplar la posibilidad de declarar el espacio afectado como “camposanto”.

A la Policía Boliviana, pedimos mantener el orden público y vigilar que no existan acciones de violencia de ninguno de los actores involucrados. Por otro lado, convocamos a la población afectada por este hecho, a reflexionar y proceder a sus reclamos dentro de los procedimientos normativos existentes, sin generar actos de violencia, ni responder a provocaciones que puedan existir por actores externos al conflicto.

La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento de las investigaciones necesarias dentro el marco de sus competencias para que este tipo de vulneraciones de derechos no se repliquen y no queden en la impunidad.

¡La violencia, venga de donde venga, no se debe tolerar!