CIDH EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LA OBSTACULIZACIÓN EN EL TRABAJO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
28 de Noviembre de 2019 12:00 am
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras conocer de la afectación al trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, emitió un pronunciamiento, a través de su cuenta en Twitter, en el que expresa su preocupación por esta situación.
“CIDH expresa su preocupación por
acciones violentas en #Bolivia que tratan de obstaculizar las actividades de la
@DPBoliviaOf y hostigar a sus funcionarios. Reiteramos la importancia de la
labor de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y urge asegurar su
independencia”, se lee en el mensaje difundido el pasado miércoles.
La oficina nacional en La Paz, durante
tres días fue afectada por un grupo de personas que se apostó en puertas del
edificio impidiendo el ingreso y salida del personal y de la población que a
diario acude a la institución por atención o para presentar denuncias por la
vulneración de sus derechos. Similar situación se dio en la víspera en la
oficina departamental de Cochabamba.
La Defensoría del Pueblo
considera que estas acciones cruzan los límites de la legalidad ya que dejaron
de ser una protesta pacífica al afectar el trabajo de una institución estatal
que presta servicios públicos e incurrir en actos violentos y agresivos contra
las y los servidores y toda persona que intenta ingresar a las oficinas.
En ese sentido, se pidió a los ministerios de Gobierno y Presidencia
las garantías que corresponden para que la Defensoría del Pueblo continúe con
su labor y se deje de afectar a la población que llega a la entidad en busca de
atención, que es principalmente la que se encuentra en situación de
vulnerabilidad.
Asimismo, la institución defensorial ratifica su compromiso de seguir
trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos, tal cual es el
mandato de la Constitución Política del Estado; de igual manera, reitera que
las observaciones o denuncias que pudieran existir contra el trabajo de esta
entidad o de sus máximas autoridades, éstas deben ser canalizadas a través de
la Asamblea Legislativa Plurinacional.