Defensor del Pueblo afirma que se debe proteger la estructura constitucional de participación política de las autoridades mujeres para evitar acoso y violencia

Sipe Sipe, 16 de enero de 2023 (UCOM/DPB).- El Estado y la sociedad en su conjunto deben proteger la estructura constitucional de participación política de las mujeres en términos de paridad y alternancia, así lo reafirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, tras reunirse hoy en Cochabamba con las concejalas del municipio de Sipe Sipe, Reina Jhovana Beltrán Huaranca y Eva Aida Rodríguez Carrasco, quienes, hace una semana, fueron obligadas a solicitar una “licencia fija” por parte de algunos dirigentes y comunarios del sector.

“No se puede reproducir, ni tolerar acciones de hecho con la finalidad de generar estos espacios de licencia o renuncia en el ejercicio de los derechos políticos de las autoridades mujeres. Todas y todos deben saber que tenemos que proteger la estructura constitucional de participación política de las mujeres en términos de paridad y alternancia”, dijo la autoridad tras el encuentro con las concejalas.

La reunión de Callisaya con ambas legisladoras se dio a tiempo de efectuarse el retorno de las afectadas a sus funciones como concejalas, así como su asistencia a la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Sipe Sipe, convocado en instalaciones del Sindicato Agrario de Linku.

El Defensor del Pueblo lamentó que pese a dictarse la sentencia contra cuatro exautoridades en el caso de la exconcejala Juana Quispe Apaza, proceso que demoró casi 12 años, continúa la práctica del acoso y violencia política en algunas regiones; sin embargo, también remarcó que persiste la construcción del respeto al ejercicio de los derechos políticos de las autoridades mujeres por parte de las propias autoridades mujeres, la población y los partidos políticos que están profundizando la cultura del diálogo y respeto.

Asimismo, destacó la necesidad de proscribir algunas conductas negativas que se presentan, particularmente a partir de la segunda mitad de los periodos que corresponden a concejales y asambleístas, donde existen prácticas como la ejecución de los documentos de compromisos de gestión compartida, los documentos de préstamo en favor de los suplentes y que luego, estos quieran hacerlos valer para presionar a las titulares, mismos que “no tienen valor y mucho menos estas renuncias o licencias forzadas, que son suscritas por presión”.

En esa línea, el Defensor del Pueblo adelantó que hará acompañamiento de las denuncias de todas las autoridades mujeres electas que sufrieron o sufren acoso o violencia política y, si es necesario, se interpondrán acciones constitucionales para proteger el ejercicio del mandato de las mujeres asambleístas o concejalas.

Hace unas semanas, el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz, declaró culpables a cuatro exautoridades por el asesinato de la exconcejala, Juana Quispe Apaza, constituyéndose en el quinto caso a nivel nacional que logra tener una sentencia contra los agresores. Desde la Defensoría se adelantó que se continuará con el seguimiento al caso hasta que la sentencia sea ejecutoriada.