DEFENSOR DEL PUEBLO IDENTIFICA FRAGILIDAD INSTITUCIONAL E INSEGURIDAD JURÍDICA TRAS SENTENCIA DEL TCP

La Paz, marzo 26 (UCOM/DPB).- A través de un artículo de opinión titulado: “Gobierno de los jueces, fragilidad institucional e inseguridad jurídica”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0113/2024 de 27 de diciembre de 2024 es una muestra de la fragilidad institucional y la inseguridad jurídica que actualmente afecta al país.

“En el caso boliviano, esta crítica no solo se ajusta a la realidad, sino que contribuye a comprender la fragilidad de las instituciones debido a que el sistema judicial boliviano enfrenta una crisis estructural que combina corrupción, politización y falta de independencia”, plantea Callisaya en dicho artículo publicado en un medio de comunicación este miércoles.

A través de una cronología, el Defensor del Pueblo, detalla los hechos suscitados desde la convocatoria de la 7ma. Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se realizó el pasado 5 de junio de 2024 y que derivó en una serie de objeciones y observaciones.

Esta sesión fue observada por la convocatoria realizada por el presidente del Senado, en ausencia del presidente nato del congreso, el vicepresidente del Estado, lo que derivó en primera instancia en un Recurso Directo de Nulidad alegando usurpación de funciones por parte del presidente del Senado.

Los magistrados del TCP declararon NULOS POR SU ORIGEN, todos los actos emergentes de la Séptima Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024 de la ALP. El Auto Constitucional 041/2024 de 19 de junio es contrario a lo dispuesto por la SCP 0113/2024 de 27 de diciembre de 2024 generando con ello una total inseguridad jurídica por parte de la administración de justicia constitucional.

Para Callisaya “los fallos del TCP como la SCP Nº 0113/2024 no solo profundizan la fragilidad de la institucionalidad democrática del país, sino que también permiten que decisiones y políticas públicas sean adoptadas por la justicia constitucional, asumiendo funciones propias de otros Órganos, a lo que se suma su cuestionada permanencia como magistrados ‘autoprorrogados’”.

LEA EL ARTÍCULO: “Gobierno de los jueces”, fragilidad institucional e inseguridad jurídica

“Así pues, la ecuación “gobierno de los jueces”, fragilidad institucional e inseguridad jurídica, conduce a un peligroso camino de deslegitimación de la democracia, anulando la funcionalidad del Órgano Legislativo. Entonces, parafraseando a Julen Bollain, “para qué usar el procedimiento legislativo si puedes hacerlo con togas”, concluye Callisaya.