DEFENSOR DEL PUEBLO: EXTRACCIÓN DEL LITIO DEBE RESPETAR LOS DERECHOS AMBIENTALES Y DE LA MADRE TIERRA

La Paz, 25 de marzo de 2025.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro instó al Estado a aplicar el enfoque de los derechos ambientales y de la Madre Tierra en la explotación del Litio, tomando en cuenta el Acuerdo de Escazú y respetando la consulta previa en todos los proyectos, la petición se hizo pública hoy en el seminario “Contratos de litio en Bolivia: Retos para la protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza”. 

“En aquellos proyectos que tengan que ver con la extracción y procesamiento del litio, el enfoque de derechos debe ir de forma transversal en instancias del Estado, de tal manera que no podamos comprometer el ejercicio de los derechos de la población y la responsabilidad internacional que tiene el Estado para garantizar el ejercicio de estos derechos a la población boliviana”, recomendó.

Explicó que, con la aplicación efectiva del acuerdo, se debe priorizar el derecho humano al agua en las decisiones ambientales, protegiendo así a la Madre Tierra como eje central de las políticas extractivistas, mismas que también deben tener un enfoque de género para asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

“Es menester relevar la necesidad de garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú por parte del Estado boliviano; este es un proceso de implementación que se debe asumir con seriedad”, dijo el Defensor.

El 27 de septiembre de 2018, Bolivia ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que establece el derecho de acceso a la información ambiental para que la población conozca los impactos del aprovechamiento, el derecho a la participación pública de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre proyectos y el derecho a la justicia en asuntos ambientales.

En el seminario, el Defensor también hizo hincapié que, en las políticas públicas respecto al litio, se debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas en la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas (2007). Asimismo, en los derechos ambientales como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho humano al Agua, y el derecho de la Madre Tierra. 

EXPOSICIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LOS CONTRATOS DE LITIO EN BOLIVIA

Finalmente, reiteró que la relación de las mujeres con el agua y las decisiones ambientales tiene suma importancia por su impacto en comunidades rurales e indígenas donde las mujeres desempeñan un papel central en la gestión del recurso.