Defensor del Pueblo: urge el tratamiento de una Ley de Indulto y Amnistía para subsanar el hacinamiento carcelario

La Paz, 9 de junio de 2024 (UCOM/DPB).- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, señaló que es necesario el tratamiento de una ley de indulto y amnistía como una política pública que pueda resolver el problema del hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios del país causada por el uso excesivo de la detención preventiva, situación que deriva en una suerte de crisis humanitaria, por la precariedad en la que viven las personas privadas de libertad.

“El comisionado país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que estamos en una crisis casi humanitaria en las cárceles de Bolivia, a partir de esta premisa es importante el tratamiento de una ley de indulto y amnistía, pero ese tratamiento debe hacerse con seriedad, de tal manera que beneficie a la mayor cantidad de personas privadas de libertad y que pueda efectivamente desconflictuar ese hacinamiento, esa sobrepoblación que existe en los penales”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Callisaya precisó que existen más de 29 mil privados de libertad en el país, de los cuales casi el 70% no tienen sentencia, es decir están bajo la modalidad de detención preventiva. Por ello demandó la construcción de una política criminal que dé una solución eficaz a este problema.

El titular de la Defensoría del Pueblo denunció nuevamente el uso desmesurado de la detención preventiva y señaló que muchas veces es usado “como un mecanismo de satisfacción a algunas exigencias sociales de que debe entrar la gente a la cárcel y como la justicia no tiene la posibilidad de una eficaz resolución de estos procesos quedamos con casi el 70 % de los detenidos preventivos”.

En esa línea, cuestionó el proyecto de ley “lo ajeno no se toca”, pues en su criterio se trata de una medida incoherente, porque por un lado se quiere promover la amnistía e indulto a los privados de libertad y por otro lado se pretende aumentar la sobrepoblación carcelaria con el citado proyecto de ley.

El Defensor del Pueblo manifestó que el Estado debe buscar políticas públicas que ensayen otras formas de sanción ante los delitos, donde la cárcel sea el último recurso al que se recurra, para garantizar condiciones de habitabilidad dignas en los centros penitenciarios del país.