Defensora denuncia que la DNA y el Hospital Reudun Roine de Riberalta permiten la continuidad del embarazo de una niña de 10 años víctima de violación

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta y del Hospital Materno Infantil Reidun Roine, de la misma ciudad, permitieron la continuidad del embarazo en una niña de 10 años producto de una violación sexual, lo que pondría en riesgo su salud e integridad física debido a que ya cursa el octavo mes de gestación.

“Es cuestionable que tanto el personal de la DNA ni del Hospital Reidun Roine hayan ignorado el pedido de la niña quien, hace casi un mes, hizo conocer su intención de no continuar con su embarazo y hayan dejado que éste continúe poniendo en riesgo su salud y su vida”, manifestó la autoridad.

 

Asimismo, observó que el Ministerio Público no haya presentado la imputación en contra del sindicado de la violación sexual, que sería el hijastro de la tía de la víctima, un hombre de 33 años, lo cual recién se hizo efectivo el 9 de febrero con la intervención de la Defensoría del Pueblo, lo que dio paso a que se fije fecha para la audiencia cautelar que definirá la situación legal de acusado quien se encuentra aprehendido.

 

La institución defensorial, a través de su Coordinación Regional en Riberalta, conoció de este caso el 8 de febrero e inmediatamente solicitó un informe a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de ese municipio que informó y  que, el 18 de enero, se le realizó una valoración médico forense, social y psicológica a la niña y que se presentó una denuncia ante la Fiscalía.

 

Ayer, se gestionó que la niña sea nuevamente valorada en el Hospital Materno Infantil, donde la ginecóloga de turno refirió que “la madre (refiriéndose a la niña) se encuentra estable, bien de salud, es fuerte y no corre riesgos…”, por lo que este 10 de febrero se comenzaría con el tratamiento para la maduración pulmonar a fin de practicarle la cesárea en dos semanas.

 

“No obstante, estamos solicitado un informe sobre el estado de la niña y los riesgos del embarazo y el parto para su salud, integridad física y vida de ella y del feto; también hemos solicitado que se realice una junta médica para analizar si procede algún procedimiento de interrupción legal del embarazo, tomando en cuenta que la niña manifestó verbalmente si intención de no continuar con el embarazo”, manifestó Cruz.

 

La autoridad cuestionó la actuación de la ginecóloga quien indicó “que la niña pronto será mamá y cuando el bebé nazca ella será abuelita, solo podrá tener tres cesáreas de aquí en adelante”; lo cual reviste de preocupación porque se estaría normalizando el embarazo infantil y adolescente, situación que se constituye en una vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes, y el obligar a la niña a continuar un embarazo no deseado es un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

 

La Defensora dijo que este caso, deja una vez en evidencia el total desconocimiento sobre la aplicación del Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud, en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 en casos de violencia sexual.

 

“Se recuerda a los SEDES que tienen la obligación de supervisar a los establecimientos de salud respecto a la aplicación de este procedimiento técnico y que deben instruir al personal médico que extreme acciones para garantizar que las mujeres en situación de violencia sean atendidas y protegidas de manera pronta y eficiente”, remarcó la Defensora.

 

Instó a los padres y madres de familia a prestar atención a cambios de comportamiento, así como físicos, que pudieran denotar en sus hijas e hijos y alerten que están siendo víctimas de algún tipo de violencia y poder denunciar ante las instituciones correspondientes o comunicarse a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo 800108004 o a la línea WhatsApp 72006607.