Defensoría del Pueblo advierte de amenazas a la independencia judicial y persecución a jueces y fiscales en el país

La Defensoría del Pueblo advirtió de la existencia de amenazas a la independencia judicial en el país, lo cual se ve reflejado en la detención del juez Hugo Huacani, por una denuncia de prevaricato interpuesta por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Gustavo Melgar, tras haber dispuesto la modificación de medidas cautelares en un causa ordinaria en la que el Gobierno es parte.

“Sorprende que la modificación de una medida cautelar que no implica la definición sobre el fondo de una causa donde el Ejecutivo es parte, ilegalmente pretendan subsumirla en el tipo penal de prevaricato y que en menos de 12 horas la policía diligente y arbitrariamente aprehenda a la autoridad judicial”, cuestionó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien además, lamentó que este accionar afecta la prosecución del proceso sobre corrupción en la adquisición de 170 respiradores, hecho que va contra la vida y salud de la población.

Cruz, asimismo, hizo conocer, según denuncia recibida, que la Asociación de Magistrados de La Paz sería objeto de persecución como consecuencia de la emisión de determinaciones judiciales apartadas de los intereses del Gobierno, hecho que se vería reflejado en amenazas a jueces y fiscales, en caso de asumir decisiones contrarias a la línea gubernamental, dentro de procesos penales; como lo ocurrido el 19 de abril, cuando el titular del Ministerio de Gobierno, amenazó con hacer pública una lista de fiscales y jueces que presuntamente tendrían fortunas provenientes de hechos ilícitos o, en otras oportunidades, cuando mencionó que el Gobierno procesará penalmente a jueces y fiscales que liberen o favorezcan a criminales.

“Este tipo de hechos debilitan aún más un sistema judicial frágil, el ataque sistemático y focalizado que sufren actualmente los jueces y vocales de materia penal en Bolivia resulta evidente mediante la presión pública de las altas autoridades, el direccionamiento de delitos mediante la creación de conductas punibles mediante decretos supremos y ahora, la persecución de aquellos funcionarios judiciales que no adoptan medidas conformes a la línea gubernamental”, manifestó Cruz.

Frente a esta situación, la Defensora llamó al Órgano Judicial a realizar todas las acciones necesarias para que la noble labor de impartir justicia esté despojada de cualquier tipo de presión externa y se sujete al marco nacional e internacional de derechos humanos; asimismo, dijo que esta situación se la denuncia públicamente, ante los sistemas de protección internacional de derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial de Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, instancias que se encuentran vigilantes del respeto de los derechos humanos en Bolivia.

Foto tomada de Opinión: Oficinas de la FELCC- La Paz.