Defensoría del Pueblo advierte drástica disminución de personal, denuncias recibidas e inspecciones en las inspectorías laborales durante la pandemia por COVID-19

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo evidenció que las inspectorías laborales dependientes del Ministerio de Trabajo, redujeron hasta menos de la mitad su trabajo de inspección laboral y técnica, la cantidad de su personal contratado y la cantidad de denuncias recibidas, entre otras tareas, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, razón por la cual demanda a esta instancia gubernativa reforzar las jefaturas departamentales regionales, instruir la realización de inspecciones e implementar medidas de bioseguridad para la atención al público, entre otros aspectos.

“Se ha constatado que de las 21 oficinas verificadas, sólo siete de ellas, es decir el 33,3%, realizaron 42 inspecciones en octubre de 2020, y que las restantes 14 oficinas no efectuaron esta labor en ese mes”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien explicó que esta evaluación está contenida en un informe de verificación defensorial realizado entre octubre de 2020 y enero de la presente gestión en 21 inspectorías laborales, nueve jefaturas departamentales y 12 jefaturas regionales del trabajo.

La Autoridad defensorial advirtió que esa situación de disminución de inspecciones laborales se agravó en noviembre, cuando sólo tres oficinas, es decir el 14%, realizaron 21 inspecciones y más aún en diciembre cuando sólo dos de ellas hicieron esa labor. De la misma manera, en esta gestión sólo dos oficinas llevaron a cabo ese trabajo con 16 inspecciones. La situación más deteriorada se encuentra en las oficinas de Cochabamba, Chuquisaca, Pando, Santa Cruz, Riberalta, Puerto Suárez, Yacuiba, Warnes, Bermejo, Uyuni y Llallagua, donde no se realizó ninguna inspección laboral ni técnica, durante el último trimestre de la gestión 2020 y en lo que va de la presente gestión.

Este documento muestra una situación agravada, respecto a la que encontró en 2019, cuando esta institución defensorial realizó otra verificación defensorial, que fue presentada en 2020 bajo el rótulo de “Inspectorías del Trabajo no garantizan cumplimiento de Derechos Laborales”. En esa oportunidad, la Defensoría encontró que esas oficinas no realizaban un adecuado manejo de libros o cuadernos de registro manual, que tampoco contaban con medios tecnológicos, que no tenían personal suficiente para la atención al público, que no contaban con normas de regulación para la conciliación y que carecían de planes de capacitación.

Ahora, en el nuevo diagnóstico, se encontró una situación aún más limitada, puesto que se detectó que disminuyó el personal de estas oficinas, y por tanto mermó el trabajo de recepción de denuncias y de realización de inspecciones laborales. Por ejemplo, en la nueva verificación se encontró que seis oficinas, que representan el 28%, no contaban con jefe departamental o regional del trabajo. Además, que de 85 cargos disponibles existían 31 puestos de inspectores laborales en acefalía, es decir una vacancia del 36%. El caso extremo es la oficina de Potosí donde de ocho funcionarios sólo tres estaban atendiendo a los trabajadores.

Así también, se vio que disminuyó la cantidad de denuncias atendidas, pues, por ejemplo, en Potosí de las 421 que recibió en octubre, éstas disminuyeron a 211 en noviembre, o en Santa Cruz, donde de 1.014 inspecciones realizadas en octubre, éstas bajaron a sólo 679 en diciembre. Otro aspecto que se corroboró es que la mayoría de las oficinas no implementaron mecanismos digitales para la recepción de denuncias, una situación similar a la que se halló en 2019.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo convocó al Ministerio de Trabajo a “reforzar los equipos de las jefaturas departamentales y regionales de trabajo a nivel nacional, a fin de que cuenten con la cantidad de personal necesario, capacitado y especializado”.

Además, la entidad defensorial llamó a ese despacho a instruir a todas las oficinas laborales la ejecución de las inspecciones laborales y técnicas, que realicen las supervisiones necesarias sobre la atención de denuncias de la población con mecanismos tecnológicos, y que implementen todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19 en las inspectorías del trabajo.

La Defensora del Pueblo, asimismo, pide al Ministerio del ramo agendar una reunión de trabajo para analizar y aportar sobre mejoras en los servicios de las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, encargadas del resguardo y respeto de los derechos de los trabajadores del país.

Clic aquí para descargar la Conferencia de Prensa: https://drive.defensoria.gob.bo/index.php/s/gkYCE3XAARnDqeP