Defensoría del Pueblo advierte que la salud y vida de policías y militares está en peligro y corren riesgo de convertirse en transmisores COVID-19

La Defensoría del Pueblo alertó que la salud y la vida de los policías y  militares encargados del control en el cumplimiento de la cuarentena, están en peligro y corren el riesgo de convertirse en transmisores del COVID-19 si el Estado no garantiza medidas especiales para identificar casos de coronavirus y evitar el contagio, como la realización de pruebas rápidas a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y a sus familias.

“Estas medidas ya han sido asumidas en países vecinos y son acciones fundamentales para contener la propagación del COVID-19, más aún cuando las autoridades nacionales han informado que las Fuerzas Armadas iniciarán, este lunes 4 de mayo, el pago de la Renta Dignidad y bonos aprobados por el Gobierno en áreas rurales donde no existen entidades financieras, para lo cual se desplazaran 149 puntos móviles y fijos en todo el territorio nacional con 750 efectivos militares”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en conferencia de prensa.

A la fecha se registró la muerte por coronavirus de dos policías y existen otros 55 que dieron positivo a la enfermedad. En el caso de las Fuerzas Armadas, se tiene la información de existían, al menos, ocho militares contagiados hasta el 23 de abril de 2020.

Cruz manifestó que los miembros de la Policía y las FFAA se encuentran en una especial situación de sujeción con el Estado, lo cual impone que éste otorgue las máximas condiciones del cuidado al encontrarse en posición de garante y custodio de estas personas, tal como se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia de agosto de 2017.

“Lo definido por la CIDH es fundamental y debe ser considerado por los Estados para prevenir situaciones generadoras de violaciones de derechos humanos para el personal militar, y por extensión a la Policía; pues como corolario, al señalar la Corte que el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de militares y policías, extremo que implica la situación de emergencia que se vive, esta especial protección incluye a militares y policías como sujetos de especial protección en su salud, y para la salud de la población, y a militares y policías en el desarrollo de su vida más allá de lo laboral, lo que implica también, la emisión de políticas de protección a sus familias y seres queridos”, explicó la Defensora.

Sin embargo, preocupa a la Autoridad que esto no se cumpla a cabalidad, lo que se evidencia en el malestar expresado por la Asociación Nacional de Sub Oficiales, Sargentos, Cabos y Policías (ANSSCLAPOL), este 1° de mayo en un pronunciamiento público, por la situación que atraviesa ese sector en el cumplimiento de sus tareas, que implica contacto físico con personas posibles portadoras de COVID-19, y en el que solicitaron la “dotación de equipos de bioseguridad incluido el traje”.

Por otro lado, existen denuncias de los familiares de los policías que dieron positivo a la enfermedad, que no se les ha realizado las pruebas para descartar o confirman un contagio, lo cual agrava la situación y pone en riesgo a la población en general, al encontrarse los policías y sus familiares, en situación de “focos de infección o contagio”, al estar en contacto directo con la población. Muestra de ello, dijo Cruz, es el reciente caso de un policía que dio positivo en la Carceleta de Bahía de Puerto Suárez.

En ese marco, la Defensora remarcó que el Estado tiene la obligación de velar porque los derechos de los policías y militares sean respetados y garantizados y que toda orden dada por un superior no puede representar un riesgo a vulneraciones a los derechos de sus subordinados.

Por ello, indicó, preocupa las declaraciones de autoridades del Gobierno como las que señalan que “no necesitamos vestirnos de marcianos”, “necesitamos tener la distancia necesaria y el barbijo” o “todos hemos hecho acá un juramento de defender a nuestra patria y de defender a nuestra sociedad, no hay ningún obligado. Policía que no se sienta con el valor suficiente para defender, o funcionario público que no se sienta con el valor suficiente, podemos irnos a nuestras casas”. Expresiones que han generado un sentido malestar y son interpretadas por policías de base como una advertencia de dar de baja de la institución a todo policía que pida insumos de bioseguridad.

“Las medidas, implementos y en general lineamientos señalados por el Comité Internacional de la Cruz Roja no deben ser asumidos meramente como una recomendación, sino como valiosos instrumentos de carácter técnico en la materia, considerando la especialidad y pericia técnica de este organismo, y que no sólo servirán para proteger a militares y policías, sino a sus familiares y en general a la población”, manifestó la Defensora.

La institución no cuenta con información oficial sobre las medidas de bioseguridad y presupuesto asignado para la protección de este personal, y la cantidad de efectivos que dieron positivo al coronavirus,  pues a la fecha no recibió respuesta a las cinco notas formales que se remitieron al Comandante General de la Policía, el 20 de abril; al Ministro de Gobierno el 23 de abril; al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el 24 de abril; al Ministro de Defensa el 24 de abril de 2020; y al Ministro de Salud el 28 de abril del año en curso.