Defensoría del Pueblo advierte un incremento de casos de trata y tráfico de personas y convoca a las autoridades a reforzar la lucha contra este delito

La trata y tráfico de personas es un delito y una de las más crueles formas de violencia y refleja de manera descarnada la decadencia civilizatoria de nuestro tiempo, vulnera derechos como la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica y mental, y afecta especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes y mujeres. 

Hoy, cuando se recuerda el Día Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, la Defensoría del Pueblo advierte, en los últimos años, existe una tendencia al incremento de casos y denuncias sobre trata y tráfico de personas, por lo que convoca a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a reforzar las acciones de lucha en contra este delito.

Las denuncias recibidas por la institución defensorial sobre este delito se han incrementado en 8,1% entre 2021 y 2022, incluso con datos parciales, hasta el 22 de septiembre de 2022. Las cifras muestran que en 2021 se registraron 37 denuncias, pero ya al 22 de septiembre de 2022 se han presentado 40 denuncias. En los departamentos, donde hubo mayor incremento es: La Paz y Cochabamba.

Esta tendencia también se mantiene en las cifras de la Policía Boliviana Nacional que, de acuerdo con sus datos, en 2015 hubo 370 casos y en 2021, 420 casos, lo que muestra un incremento de 13,5% de casos. Los datos policiales muestran que un 63% de las víctimas son mujeres, y un 28,3% son hombres. Con relación a la edad, un 46% de las víctimas corresponden al grupo etario de entre 11 y 20 años de edad, y el 38,8% son adolescentes.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo llama a las autoridades a reforzar la lucha contra este delito; considera que las acciones del Estado Boliviano deben enfocarse, por un lado, a prevenir que la población caiga en redes de trata de personas, mediante la información y sensibilización a la sociedad en general, sobre las formas en que actúan estas redes y las consecuencias para la víctima y las familias. Por otro lado, debe garantizar el acceso a la justicia para la sanción, protección y reparación, que debe ser efectiva de forma oportuna.

Además, es importante que las autoridades competentes refuercen las acciones de identificación y rescate de víctimas; del mismo modo es fundamental que el sistema de justicia atienda estos casos con la debida diligencia e importancia, considerando la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas, testigos y denunciantes.

Es lamentable que aún la cantidad de casos que concluye en una sentencia condenatoria siga siendo muy baja con relación a la cantidad de denuncias que se registran. En 2021 se produjeron, únicamente, 12 sentencias por delitos relacionados a la trata de personas y delitos conexos. Por ello, se considera que es importante que el Estado refuerce las acciones de persecución penal contra estos delitos, mediante el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Policía, Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Aunque la reciente condena al propietario del club nocturno “Katanas”, tras seis años de proceso penal, significa un avance del Estado en la de lucha contra la trata y tráfico de personas y de justicia para las víctimas de esta red de explotación sexual, que funcionaba con la participación de funcionarios municipales y policiales, todavía funcionan lugares de explotación sexual.

La Defensoría del Pueblo ha realizado aportes al Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas para la modificación de la Ley 263, Ley Integral de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, con la finalidad de adecuar la norma a los estándares internacionales para garantizar una respuesta efectiva a estos delitos y la protección integral a las víctimas.

Además, promueve la capacitación de funcionarios de servicios legales municipales, defensorías de la niñez y adolescencia, servicios de gestión social y otros similares, en temáticas de trata de personas y delitos conexos a nivel nacional, a fin de que se pueda brindar un servicio a la población acorde con la normativa nacional, internacional y en apego a los derechos humanos.

La Institución Defensorial reitera la necesidad de articular la lucha contra la trata de personas entre todas las instancias gubernamentales encargadas de atender esta problemática y ratifica su irrenunciable compromiso de coadyuvar a combatir estos delitos vulneradores de la dignidad humana y de los derechos fundamentales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La Paz, 23 de septiembre de 2022