DEFENSORÍA DEL PUEBLO ANTE EL CONFLICTO QUE AFECTA AL PUEBLO YUNGUEÑO

La Defensoría del Pueblo lamenta  la escalada de violencia suscitada en los últimos días, como consecuencia de los conflictos originados en los municipios de La Asunta y Coripata del departamento de La Paz, que afectó la integridad y la vida de personas así como de sus familias, y que a la fecha mantiene en estado de zozobra a la población del lugar.

Alarma la confrontación entre habitantes de una misma comunidad y entre comunidades, como las registradas en Nogalani, Puerto Rico, La Calzada, Colopampa, San Fernando, Playa Ancha, y ahora, Trinidad Pampa, donde fue muerto el ciudadano Miguel Coico Quispe y heridas otras dos personas. Esta situación de violencia latente afecta la paz social y el ejercicio de los derechos humanos de las personas, en especial de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores.

También preocupa los hechos denunciados sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en el proceso de reducción de cultivos de coca excedentaria en el municipio de La Asunta, momentos en los que se afectó la vida e integridad de cocaleros y policías.

En ese contexto y en el marco de promover la cultura de diálogo y del respeto de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, desde finales de 2017, ha participado en reuniones para facilitar un acercamiento entre las partes en conflicto e insiste en la conformación de mesas de diálogo, lamentablemente no se pudo llegar a un proceso efectivo y fructífero de pacificación y entendimiento; a ello se suma la tensa situación que limitó el ingreso y la permanencia en el lugar del conflicto para una efectiva intervención defensorial.

Ante la afectación de Derechos Fundamentales traducida en la pérdida de vidas humanas, la afectación de la integridad física y la existencia de hechos de violencia en esa región, el Estado debe garantizar que estos actos sean esclarecidos y no queden en la impunidad, por ello se exhorta al sistema de justicia penal a la investigación, procesamiento y sanción de los responsables, en el marco del respeto a las garantías del debido proceso, a lo cual la Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento respectivo.

Asimismo, se insta a las instituciones encargadas de resguardar el orden público y responsable de la erradicación de coca, que su accionar debe enmarcarse en los límites señalados en la Constitución Política del Estado, así como en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Encargados de hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, emitidos por las Naciones Unidas; y ante las denuncias públicas sobre uso excesivo de la fuerza, iniciar los procesos internos que correspondan.

Se recuerda a las autoridades estatales su obligación de garantizar el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la paz social en el lugar, y se exhorta a las partes involucradas a priorizar el inicio de un proceso de diálogo efectivo para evitar una mayor confrontación que afecta a los más vulnerables.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones legales, reitera su predisposición en la facilitación de cualquier proceso de diálogo que tenga como fin el devolver la paz social al hermano pueblo yungueño.

La Paz, 25 de junio de 2019.