Defensoría del Pueblo condena acciones violentas en protestas por la ampliación de la cuarentena

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Institución Defensorial condena el amedrentamiento que sufrió personal médico en El Alto, cuando el bus en el que eran trasladados fue apedreado y quemadas sus llantas;  así como el saqueo de las instalaciones policiales en la población de Yapacaní.

Las protestas, si bien se encuentran amparadas en el derecho de la libertad expresión, al tornarse violentas y dejando de lado que el país se encuentra ante una emergencia sanitaria, se constituyen indiscutiblemente en actos reprochables que incrementan el riesgo de un contagio masivo del COVID-19, poniendo en grave peligro la salud pública en esos municipios.

En ese contexto, siendo consecuentes con los Principios de Siracusa y las recomendaciones establecidas en la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir las amenazas a la salud pública, por el cual fueron restringidos el derecho a la movilización o circulación, la Defensoría del Pueblo insta a los sectores movilizados a acatar las disposiciones de la Declaratoria de Cuarentena total a nivel nacional, más cuando es evidente la amenaza de contagio del COVID 19.
 
Sin embargo, también se considera que este tipo de actos no habilitan al Estado a declarar a las protestas sociales o manifestaciones como violentas, políticas o desinformadoras; se debe tomar especial atención en la individualización de las personas que actuaron con violencia en estos hechos, sin estigmatizar al resto de la población.

Debe tomarse en cuenta que el derecho a la protesta conlleva en su ejercicio otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación, y el estigmatizar peyorativamente este tipo de protestas o manifestaciones, implica de forma directa establecer un direccionamiento gubernamental a aplacar cualquier tipo de manifestación que critique las medidas asumidas por el Gobierno, hecho que puede atentar contra la libertad de expresión, inclusive, en manifestaciones que no sean contrarias a las restricciones de circulación o reunión, como el uso de medios de prensa o redes sociales.

La Defensoría del Pueblo llama al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a asumir las acciones que correspondan, enmarcando las mismas al respeto de los derechos y garantías constitucionales; principalmente, a los estándares convencionales del derecho a la protesta que comulgan con el uso de la fuerza y la mínima intervención, respetando los principios de legalidad, absoluta necesidad y, en especial, la proporcionalidad en los actos. Al efecto, es importante resaltar que tanto los servidores públicos y efectivos policiales deben contar con los insumos mínimos necesarios de bioseguridad para el desarrollo de sus funciones.