Defensoría del Pueblo condena el arresto ilegal y arbitrario de dos defensores de Derechos Humanos

La Defensoría del Pueblo condenó la detención ilegal y arbitraria de los defensores de derechos humanos, David Inca y María Cristina Quispe Vda. Mamani, arrestados hoy por efectivos policiales de la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales) en inmediaciones de la Plaza Murillo. 

“Los defensores de derechos humanos no estaban cometiendo ningún delito, ejercían su derecho a la protesta debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Boliviano con las víctimas del conflicto poselectoral de 2019. En esas circunstancias, personal de la UTOP los detuvo con una interpretación arbitraria de que ellos estarían cometiendo faltas y contravenciones”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El informe defensorial “Crisis del Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, Octubre-diciembre de 2019”, presentado el jueves por la Defensoría del Pueblo, reveló que durante el conflicto poselectoral del 20 de octubre del pasado año grupos paramilitares y parapoliciales agredieron a defensores de derechos humanos y a funcionarios de la Defensoría del Pueblo con la aquiescencia de las autoridades estatales.

En esta ocasión, los arrestos  de Inca y Quispe fueron ejecutados basados en una interpretación arbitraria de falta y contravenciones en vía pública, cuando se ejercía el derecho a la protesta, con el agravante de tratarse de víctimas de la violencia estatal, que reclamaban por la falta de cumplimiento del Decreto Supremo N° 4176 de 10 de marzo de 2020, que establece una ayuda social humanitaria para las víctimas del conflicto poselectoral de 2019.

“La Defensoría del Pueblo recuerda a la UTOP la necesaria limitación de sus labores con base en la normativa internacional de protección de los Derechos Humanos y le reitera  que el Estado es responsable de que las y los defensores de Derechos Humanos realicen sus actividades con la correspondiente protección y sin represalias por parte del poder”, remarcó la Defensora del Pueblo.

La “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” de la ONU establece una línea clara de protección al trabajo de cualquier defensor de Derechos Humanos, pues la promoción y protección de derechos es una libertad fundamental.