DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONDENA ENÉRGICAMENTE LA VIOLENCIA EN LA REGIÓN DE IVIRGARZAMA DE COCHABAMBA Y EXIGE CELERIDAD EN LAS INVESTIGACIONES

En el marco de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo recuerda que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 15, establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

En este sentido, es importante recordar que existe normativa vigente en el país que otorga atribuciones y competencias al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para que cualquier hecho que se denuncia como delito, en el marco de la ley penal y su procedimiento, permita a estas instancias a realizar su trabajo, evitando así mayores afectaciones a la integridad personal o entorpeciendo una investigación fiscal ya en curso.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, condena enérgicamente la violencia mediante la cual un grupo de personas movilizadas de la región de Ivirgarzama del municipio de Puerto Villarroel, procedió a ingresar a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para retirar a tres personas que se encontraban privadas de su libertad por una investigación penal. Producto de este accionar violento, se conoce de forma preliminar que las mismas habrían perdido la vida; por ello, las autoridades competentes deben investigar los hechos ocurridos y establecer las responsabilidades que deriven de dicha investigación.

Desde la institución Defensorial, se exhorta a las autoridades del municipio de Puerto Villarroel y a todas las instancias llamadas por ley a fortalecer las áreas de atención a la ciudadanía, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), para que las denuncias sean atendidas y escuchadas con la debida diligencia y, en caso de ser formalizadas, se activen las acciones inmediatas.

Asimismo, se hace un llamado a la Policía Boliviana, Ministerio Público y Órgano Judicial a atender con celeridad todos los casos que conocen referidos a hechos de vulneración a los derechos fundamentales en general y de poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, mujeres y adultos mayores en particular. Como instituciones de seguridad y de administración de la justicia en el país, se debe brindar la certeza a la población boliviana de que existe un acceso a la justicia de manera oportuna, pertinente y con las garantías a un debido proceso como establece la Constitución Política del Estado.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz y respeto a la ley. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la violencia en todas sus formas, y hacemos un llamado a la unidad y la responsabilidad colectiva para construir una sociedad más justa y segura para todas las personas.

Cochabamba, 8 de mayo de 2024.