Defensoría del Pueblo condena hechos de violencia en Chushuara y exige al INRA, AJAM y Policía Boliviana intervenir inmediatamente
30 de Marzo de 2022 11:37 am
La
Defensoría del Pueblo repudia los hechos de violencia en la localidad de
Chushuara, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo de La Paz, suscitados
ayer por conflictos de tierra, intereses mineros y problemas orgánicos de las
organizaciones sociales. La institución defensorial verifica la información
sobre la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como
producto de esos enfrentamientos.
El
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha informado que el proceso de
saneamiento en Chushuara ha sido paralizado; pese a que existe una Sentencia
Agraria Nacional S1 N°010/2011 del Tribunal Agroambiental, que el INRA debió
dar cumplimiento. Oportunamente debió elevar un informe de conclusiones
técnico-jurídico para verificar el derecho a la propiedad agraria en esa zona,
así como verificar el cumplimiento de las medidas precautorias en el área, pero
ambas acciones no fueron realizadas en más de 11 años, lo que desembocó en
problemas de posesión de tierras entre tres grupos.
Luego de
tres procesos de diálogo propiciados por la Defensoría del Pueblo, desde octubre
de 2021, se ha identificado que existen intereses sobre recursos mineros de la
zona, lo que agrava el conflicto. Según información de la Autoridad
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área hay 24 solicitudes de
contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado; por lo tanto,
cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal.
La
Defensoría del Pueblo exige al INRA departamental de La Paz cumplir con sus
obligaciones diligentemente, en apego a las normas correspondientes y en el
marco de los lineamientos del INRA nacional para realizar un trabajo
técnico-jurídico. Y demanda a la AJAM que realice inspecciones en la zona ante
la posible existencia de actividad minera ilegal.
Además,
exhorta a todas las instituciones llamadas por ley a no generar acuerdos por
fuera de las normas sobre Tierra y Territorio, Minería, Medio Ambiente, y exige
que se respeten los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas y la Madre
Tierra.
La
Defensoría del Pueblo solicita a la Policía Boliviana Nacional el despliegue de
efectivos para controlar el enfrentamiento y demanda al Ministerio Público que
investigue estos hechos violentos, que atentan contra los Derechos Humanos.
La Paz, 30
de marzo de 2022