DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVIDENCIA 3 FALLECIDOS TRAS OPERATIVO POLICIAL-MILITAR EN EL ALTO Y PIDE DESMOVILIZACIÓN MILITAR

La Defensoría del Pueblo verificó la muerte de Deybi Posto Cusi de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido aún no identificado, y alrededor de 30 personas heridas, este martes, durante el operativo policial-militar realizado en el sector de Senkata en la ciudad de El Alto, que tuvo como objetivo posibilitar la salida de cisternas con gasolina y camiones con garrafas de gas licuado de la Planta Senkata.

De acuerdo a información preliminar, las tres personas habrían fallecido producto de impacto de arma de fuego, se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La institución defensorial pide al Ministerio Público se inicie la inmediata investigación para esclarecer estas muertes y sancionar a los responsables de las 30 personas heridas, algunas se encuentran en situación de gravedad y requieren de cirugía.

10 se encuentran en el Hospital Boliviano Japonés de Senkata, de las cuales se tiene el nombre de Edwin Massi Sullcani, Betzabe Flores Flores, Efraín Ramírez Ari, Rubén Chambi Flores, Yerko Bautista Llampa, Clemente Mamani Santander y Martín Mollo Mollo.

Otros cinco heridos se encuentran en el Hospital El Kenko. Asimismo, personal defensorial evidenció que en el Centro de Salud Panorámica II de Senkata se requieren médicos y medicamentos con suma urgencia.

La Defensoría del Pueblo pide la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes, tomando en cuenta que su intervención junto a la Policía Boliviana tuvo como objetivo principal el resguardo de la ciudadanía ante hechos vandálicos que se suscitaron entre el 10 y el 12 de noviembre.

Hoy se observa que existen protestas protagonizadas por sectores sociales en las que se requeriría sólo la intervención policial con fines disuasivos y de diálogo.

Asimismo, se exhorta a las autoridades del Órgano Ejecutivo a evitar realizar discursos y acciones tendientes a la persecución de dirigentes y a la criminalización de la protesta social. Esta desmovilización podría ser un primer paso que el Gobierno pueda abrir un acercamiento e iniciar un proceso de diálogo efectivo para promover una real pacificación del país.