Defensoría del Pueblo evidencia desorden, falta de información y riesgo de contagio del COVID-19 en el cobro de la Canasta Familiar

La Defensoría del Pueblo evidenció desorden, confusión y el riesgo de contagio del COVID-19 para las personas adultas mayores, en el primer día de pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, ante la falta de información precisa, largas filas en entidades financieras, exigencia de otros requisitos a los establecidos, entre otros; por lo que pidió al Gobierno medidas correctivas para garantizar la protección e información precisa y oportuna para esta población.

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, el jueves anunció que desde este 3 de abril se pagaría la Renta Dignidad, la Canasta Familiar y jubilaciones, ampliando en una hora (de 7 a 12) el horario de atención y que el cobro de los dos primeros bonos se podía hacer afectivo en bancos privados.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que, de acuerdo al seguimiento que se hizo, se identificó ausencia de información oportuna sobre lugares y horarios para el pago de la Canasta Familiar y Renta Dignidad; información errónea por parte de autoridades al mencionar que desde hoy se iniciaría el pago de ambos beneficios en entidades financieras privadas, lo cual no se hizo efectivo.

“Se observaron largas filas de personas adultas mayores en las agencias del Banco Unión, hecho que podría ocasionar el contagio o la propagación del coronavirus; y que entidades de intermediación financiera se encontraban cerradas porque estarían adecuando sus sistemas informáticos, sus capacidades operativas de traslado de efectivo y capacitación del personal de atención”, manifestó.

La entidad defensorial también identificó que las entidades financieras privadas solicitaron otros requisitos como fotocopias de cédula de identidad, desconociendo la Resolución Biministerial 001/2020, emitida el 31 de marzo, que establece como requisitos para ser beneficiario de la Canasta Familiar, ser de nacionalidad boliviana; contar con cédula de identidad original; no ser servidor público o trabajar bajo dependencia con recursos fiscales, ni ser trabajador asalariado bajo dependencia laboral.

Otro punto de preocupación, dijo Cruz, es la situación de personas adultas mayores de diferentes comunidades rurales o municipios del país, como Ocuri, Chayanta, Sacaca, Caripuyo y San Pedro en el departamento de Potosí, que no pudieron cobrar su Renta Dignidad porque el Banco Unión más cercano está en la ciudad de Sucre o Llallagua, razón por la cual están obligados a recorrer largas distancias para cobrar.

Las agencias del Banco Unión en Patacamaya y Copacabana suspendieron la atención sin previa comunicación, ocasionando que adultos mayores realicen filas y reclamos posteriores.     

“Se exhorta al Gobierno que en el marco de sus competencias tome en cuenta las observaciones detalladas y la brevedad posible establezca medidas de corrección y garantice la protección e información para las personas adultas mayores”, manifestó la Defensora.