Defensoría del Pueblo evidencia falta de debida diligencia, garantías judiciales y protección judicial en los procesos penales contra Marco Aramayo

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de salud y vida de Marco Antonio Aramayo Caballero, quien se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Cotahuma de la ciudad de La Paz por un coma diabético según los reportes médicos preliminares; actualmente, se conoce que aún continúan siendo desarrollados exámenes médicos complementarios, sin embargo, llama  la atención que a más de cuatro días de su traslado a emergencias de un centro de salud, hasta la fecha no se cuenta con un diagnóstico completo y definitivo.

La información oficial indica que el señor Aramayo recibía controles médicos periódicos, empero, es preocupante que los servicios médicos de la Dirección de Régimen Penitenciario no hayan advertido, oportunamente, su delicado estado de salud y no hayan asumido acciones que eviten el grave deterioro en el que se encuentra actualmente.

Respecto a su situación jurídica, la Defensoría del Pueblo llevó adelante acciones para la investigación de las presuntas vulneraciones a sus derechos humanos, y ha podido evidenciar serias violaciones al debido proceso por la falta de debida diligencia, garantías judiciales y protección judicial en la investigación desarrollada por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial referida a delitos en contra del patrimonio del Estado.

La información oficial recibida sobre los procesos penales que se desarrollan en contra de Marco Antonio Aramayo, muestra hasta 88 procesos penales, cifra que difiere de la que se maneja en la opinión pública, su propia defensa técnica e, inclusive, de instancias estatales. En este contexto, la institución defensorial expresa su preocupación por la falta de información precisa reportada, lo que genera una situación de incertidumbre y falta de seguridad jurídica.

La gran cantidad de procesos penales en diferentes distritos judiciales de nuestro país en contra de Marco Aramayo, claramente, han hecho que su defensa técnica se convierta en una labor virtualmente imposible de desarrollar, siendo que las autoridades estatales se han dedicado a proseguir contra él decenas de procesos que a la fecha aún se desconocen con exactitud y claramente le impiden ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva, situación que se ve agravada ahora por su deterioro de salud que pone en riesgo su vida.

Los procesos en su contra se iniciaron en 2014, año desde el cual perdió su libertad, y en la actualidad solo se tiene conocimiento que se encuentra cumpliendo una sentencia condenatoria de ocho años, y no se tiene reporte de la aplicación de beneficios carcelarios u otros de similar naturaleza. 

La Defensoría del Pueblo observa y cuestiona que, a la fecha, la mayoría de los procesos penales en su contra se encuentran en etapa preparatoria, siendo la pena máxima de los delitos que se le atribuyen de 10 años, lo cual representa una evidente vulneración a la debida diligencia por parte de las autoridades estatales que se encuentra incumpliendo su deber de investigar de manera eficiente y efectiva, vulnerando las garantías judiciales y protección judicial al procesado.

La institución defensorial recuerda que Marco Antonio Aramayo Caballero continúa bajo responsabilidad del Estado, por lo que urge atender de forma diligente su crítica situación jurídica y de salud.

La Paz, 18 de abril de 2022