Defensoría del Pueblo exhorta a Fiscalía no obstruir el seguimiento al caso de niña de 10 años víctima de violación

Dentro del seguimiento del caso de una niña de 10 años, víctima de violación por parte del regente de su unidad educativa, la Defensoría del Pueblo inició inmediatamente el seguimiento de la debida diligencia a través de su oficina en Llallagua y luego Potosí, gestionando la atención integral de la afectada  en cuanto a atención médica y psicológica  se refiere, beneficiando también a la madre, quien junto a su hija, habrían sufrido presiones psicológicas por parte de los pobladores de Uncía quienes, en defensa del supuesto agresor,  las responsabilizaron sobre el suceso. La gestión defensorial también promovió la atención procesal por parte del Ministerio Público y el SEPDAVI para la respectiva asistencia a la víctima.

Al ser trasladada la niña a la ciudad de Oruro, la Delegación Defensorial Departamental de Oruro continúo con el acompañamiento a la niña y sus  padres, mediante contactos telefónicos, asistencia presencial y acompañamientos para la atención médica especializada; asimismo se logró reciba la asistencia de la médico forense y psicóloga del IDIF de esta ciudad, utilizando para esto la cámara Gessel y evitando la revictimización de la niña.

Sin embargo, pese a las acciones mencionadas, el trabajo defensorial fue obstruido por el señor Fiscal de Materia de Uncía Abg. Juan Quiroga, quien de manera prepotente maltrató e impidió el ejercicio de funciones de la profesional defensorial que atendía el caso. Con el maltrato recibido y la falta de apoyo, el fiscal, funcionario público,  incurre en la obstaculización de la labor defensorial, no sólo de acompañamiento, sino de ejercicio competencial de velar por vigencia de los derechos humanos de la niña víctima, previsto por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 870.

Mediante la instancias correspondientes la institución defensorial formaliza la denuncia contra el fiscal, para que sean las medidas correctivas institucionales que se le apliquen y que en el futuro se pueda evitar la obstaculización al trabajo defensorial. 

No dudamos que esta es una actitud aislada de un subalterno, en razón de que incluso la lucha contra la violencia sexual a niños, niñas y  adolescentes, fue asumida a nivel jerárquico por nuestras principales autoridades nacionales a partir de una Comisión Interinstitucional Nacional de la cual forma parte el Fiscal General de Estado, y en los niveles departamentales con la presencia del Fiscal Departamental; por lo que esta actitud de este fiscal no puede empañar todo ese trabajo. 

La Defensoría del Pueblo insta a todas las autoridades competentes a velar por el bien mayor de los derechos de la niñez y adolescencia y coadyuvar con el cumplimiento de la debida diligencia y el seguimiento de las investigaciones para que el delito no quede impune y que la niña obtenga la justicia que por ley le corresponde.

Oruro, 19 de octubre de 2023