DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO A APLICAR LEY N° 1333 Y DESARROLLAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LOS RÍOS

La Paz, febrero 24 (UCOM/DPB).- Ante la aprobación en la Cámara de Senadores de una Minuta de Comunicación que pide se exija el estudio ambiental multisectorial antes del inicio de cualquier actividad minera, posterior a la firma del contrato, la Defensoría del Pueblo a través de un Pronunciamiento recordó al Estado “su responsabilidad de desarrollar mecanismos que eviten las vulneraciones de los derechos humanos en asuntos ambientales y de la Madre Tierra”.

“La Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar el pleno cumplimiento del referido mandato constitucional, así como la aplicación de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos en la aplicación de la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Es decir, es fundamental basarse en estudios ambientales con enfoque multisectorial, así como establecer restricciones claras y efectivas en proximidades de fuentes de agua como ríos y lagos”, señala el Pronunciamiento.

El documento también hace referencia a que “el Estado debe asegurar que las políticas ambientales sean participativas, incorporando evaluaciones de impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda afectar los recursos naturales, así como establecer responsabilidades y sanciones claras para quienes causen daños ambientales (arts. 342, 343 y 345); de igual manera proteger los recursos hídricos estratégicos, como ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, evitando acciones que puedan dañar los ecosistemas o reducir los caudales en las nacientes y zonas intermedias de los ríos, preservando su estado natural y promoviendo el bienestar de la población (art. 376)”.

A través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de “continuar vigilante en el cumplimiento de los procedimientos normativos vigentes, con el fin de salvaguardar los derechos humanos en asuntos ambientales y los derechos de la Madre Tierra, el cual se traduce en la defensa del derecho fundamental de la población boliviana a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como del agua, derecho fundamentalísimo para la vida”.