DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO A ASUMIR ACCIONES EN FAVOR DE LAS POBLACIONES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS AFECTADAS POR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, INCENDIOS FORESTALES Y EL DAÑO AMBIENTAL POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

La gestión 2023 mostró una mayor vulnerabilidad a los pueblos indígena originario campesinos y afectación a los derechos de la Madre Tierra. El cambio climático expresados en periodos de sequía más largos, reducción de cuerpos de agua y fuentes hídricas, reducción en la producción agrícola comunitaria y efectos negativos en la ganadería de pequeña escala, junto a los incendios forestales afectaron a más de tres millones de hectáreas en el país, pero además, los continuos efectos de actividades que no se enmarcan en las normas ambientales, no ejecutan los derechos a la participación y a la consulta previa, libre e informada con consentimiento. Todo esto sitúa a los pueblos indígenas en una posición cada vez más crítica.

La presencia de familias indígenas Ayoreas en la ciudad de La Paz desde el mes de noviembre, es una muestra de esta realidad, dichas familias arribaron a la sede de gobierno con la finalidad de obtener apoyo ante carencias como la falta de una vivienda digna, acceso a recursos para su supervivencia, servicios básicos, entre otras necesidades. A este pueblo se suman los pueblos indígenas del norte paceño como los Tacana, Uchupiamona y otros que, sin duda, se encuentran como poblaciones que podrían realizar migraciones climáticas.

Esta problemática requiere atención en diferentes aspectos. El primero, reducir las presiones sobre los territorios y los recursos para la vida de los pueblos indígenas; debiendo para ello controlar y evitar el desmonte irracional e ilegal; la quema de zonas forestales; el uso desmesurado del agua para actividades extractivas y el uso de insumos tóxicos en diversas industrias y actividades.

Como segundo aspecto, el Estado debe garantizar el cumplimiento de los DD.HH., especialmente los derechos ambientales, a la participación, a la justicia, reparación y bienestar de los pueblos indígenas y también los derechos de la Madre Tierra. Realizando una adecuada recuperación material y psicológica de las personas, en el caso de los incendios forestales.

Mientras que, en el caso de las actividades extractivas u otras medidas administrativas y legislativas, debe garantizarse el ejercicio del derecho a la consulta y participación, con la finalidad de obtener el consentimiento y la restauración de los ecosistemas, las fuentes de agua, el aire, el suelo y otros factores que puedan ser afectados.

Como tercer aspecto, el Estado debe garantizar la cobertura y ejecución de programas que garanticen una mejora en las condiciones de vida de los pueblos indígenas, especialmente aquellos referidos a vivienda, salud, educación, producción sostenible y proyectos de acceso al agua. Esta ejecución, sin embargo, debe ser efectuada sin condicionamientos, de manera que los pueblos puedan tener opciones reales de mejorar su calidad de vida de manera sostenible.

Estos tres aspectos deben ser ejecutados teniendo en consideración a las poblaciones más vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores indígenas, quienes sufren de manera sostenida los efectos de la discriminación, violencia y los riesgos sociales, especialmente en aquellos escenarios de emigración como son las grandes ciudades capitales, donde arriban año con año, familias indígenas en búsqueda de ayuda, a falta de una intervención más decidida de las autoridades de todos los niveles del Estado.     

 

La Paz, 9 de diciembre del 2023