DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA AL ESTADO A DESARROLLAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LOS RÍOS

En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 870, la Defensoría del Pueblo lleva a cabo el seguimiento y emite las recomendaciones necesarias para que el Estado, como garante de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, implemente las políticas públicas requeridas. Esto, en concordancia con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, con el objetivo de promover un desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, y asegurar que todas las bolivianas y bolivianos puedan disfrutar de un medio ambiente sano, protegido y equilibrado.

En los últimos días, se ha tomado conocimiento de la aprobación de una Minuta de Comunicación en la 50° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores que señala: “Recomiéndese, al Ministro de Minería y Metalurgia que, (…) el Estudio Ambiental con Enfoque Multisectorial (…) sea exigido con anterioridad a la realización de cualquier actividad minera, pero posterior a la suscripción del contrato administrativo minero y sus correspondiente registro minero del testimonio del contrato administrativo minero protocolizado (…)”; por ello, se recuerda al Estado su responsabilidad de desarrollar mecanismos que eviten las vulneraciones de los derechos humanos en asuntos ambientales y de la Madre Tierra.

Asimismo, cabe precisar que, conforme dispone la Constitución, el Estado debe asegurar que las políticas ambientales sean participativas, incorporando evaluaciones de impacto ambiental para cualquier proyecto que pueda afectar los recursos naturales, así como establecer responsabilidades y sanciones claras para quienes causen daños ambientales (arts. 342, 343 y 345); de igual manera proteger los recursos hídricos estratégicos, como ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, evitando acciones que puedan dañar los ecosistemas o reducir los caudales en las nacientes y zonas intermedias de los ríos, preservando su estado natural y promoviendo el bienestar de la población (art. 376).

En este contexto, la Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a garantizar el pleno cumplimiento del referido mandato constitucional, así como la aplicación de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos en la aplicación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Es decir, es fundamental basarse en estudios ambientales con enfoque multisectorial, así como establecer restricciones claras y efectivas en proximidades de fuentes de agua como ríos y lagos.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar vigilante en el cumplimiento de los procedimientos normativos vigentes, con el fin de salvaguardar los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Este compromiso se traduce en la defensa del derecho fundamental de la población boliviana a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como del agua, derecho fundamentalísimo para la vida.

La Paz, 24 de febrero de 2025.