Defensoría del Pueblo exhorta al TCP, TSJ y Órganos del Estado a garantizar los derechos de las y los bolivianos

Desde el 13 de abril de 2023 en que la Sala Constitucional de Beni concedió la tutela en un amparo constitucional y dejó sin efecto el Reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos para Elecciones Judiciales 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los bolivianos atravesamos un periodo de incertidumbre en el ámbito judicial concerniente al Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), la designación de las altas autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional nace de un proceso eleccionario que al presente, ni siquiera se inició en su etapa de preselección, debido a la sucesiva interposición de diferentes acciones como un amparo constitucional, un recurso de inconstitucionalidad y ahora una consulta previa de constitucionalidad carente de pronunciamiento, provocando la ausencia de magistrados electos y, por tanto, la vacancia de estos altos cargos desde los primeros días de enero de 2024 en que los actuales magistrados concluyen su mandato de seis años.

Esta situación genera en lo inmediato, una lesión al derecho de la ciudadanía de elegir a sus autoridades (art. 26 vinculado con los arts. 182, 183, 188, 194 y 200 de la CPE), y a mediano plazo, provocará una grave vulneración del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, protegidos por el art. 115 de la CPE, además del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este contexto, en cumplimiento de su mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo exige al Estado a través de sus Órganos, en su condición de garantes del efectivo ejercicio de los derechos de las y los bolivianos, a que en el marco de los principios de coordinación y cooperación (art. 12 CPE) propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional; misma que no solo vaya a garantizar los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, integro e inmediato.

Asimismo, exhorta al Tribunal Constitucional Plurinacional a resolver de manera inmediata la acción de amparo constitucional que suspendió el proceso de elecciones judiciales (número de expediente 54569-2023-110-AAC con fecha de ingreso 17 de abril de 2023); así como absolver de manera inmediata la consulta sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” (número de expediente 58030-2023-117-CCP con fecha de ingreso 20 de septiembre de 2023) considerando que la dilación en su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos de la población.

 

La Paz, 04 de diciembre de 2023