Defensoría del Pueblo exige investigar y sancionar hechos de violencia al interior de recinto militar en Casarabe - Beni

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la vulneración de derechos humanos y dignidad de ocho soldados del Regimiento de Infantería 29 "Capitán Echeverría", ubicada en la comunidad de Casarabe del departamento de Beni. Padres de los soldados agredidos física y psicológicamente interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para dar con los responsables de las vejaciones a sus hijos, hechos que además estarían ligados a cobros económicos irregulares.

Esta institución Defensorial recuerda al Estado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando se "presta el servicio militar conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas, generando con ello no propiamente una privación de libertad, pero una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen" (Corte IDH, Caso Vilcapoma vs. Perú), y en caso de que ocurra algún hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, el Estado tiene la obligación de investigar, misma que debe ser asumida como "un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva" (Corte IDH, Caso Veliz Franco vs Guatemala), garantizando la protección a las víctimas y garantizando el principio de no repetición. 

La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento del caso señalado a través de la Delegación Departamental Defensorial en Beni; se tiene conocimiento que, de los ocho soldados víctimas de agresiones, solo cinco fueron valorados por el médico forense, uno no dio su consentimiento y los otros dos serían menores de edad y aún no habrían recibido valoración de un médico forense; por lo que, desde la Defensoría del Pueblo se realizan las gestiones para la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). 

Asimismo, se conoce que el presunto responsable de las agresiones a los soldados, Sgto. C.F.P.Q. está aprendido en la FELCC de Trinidad, a la espera de la imputación formal de fiscalía para determinar su situación procesal.

Durante la gestión 2024, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de cuarenta y cinco hechos de vulneración de derechos humanos de soldados al interior de recintos militares, por lo que, exige al Estado extremar esfuerzos para que, a través de las instancias competentes realice las investigaciones oportunas garantizando la protección de las víctimas y cumplimiento del principio de no repetición, además de sancionar a los responsables de estas prácticas nocivas y contrarias a la protección de la dignidad de soldados bajo su custodia. 

La Paz, 22 de febrero de 2025.