Defensoría del Pueblo expone la urgente necesidad de consolidar un acuerdo nacional, público y transparente para preservar el sistema democrático

Desde hace meses, el país atraviesa una delicada coyuntura que afecta a todos los niveles del Estado, así como a la cohesión y convivencia social, causados por el limitado acceso a medicamentos, dólares, combustibles, entre otras necesidades, que se constituyen en problemas estructurales que requieren de una atención integral, pronta y oportuna por parte de todos los tomadores de decisión.

 

En ese sentido, los bloqueos de caminos a nivel nacional y otras protestas de sectores sociales, son manifestaciones legítimas, siendo que, esas demandas fueron comprometidas en su atención, pero no resueltas y otras están pendientes de atención.

En ese marco, urge consolidar un acuerdo nacional, público y transparente que involucre a todos los actores políticos, sociales y económicos para encontrar vías de solución estructurales a las diferentes demandas latentes a objeto de preservar el sistema democrático en el Estado Plurinacional, y consecuentemente, proteger los derechos humanos individuales y colectivos, y de la Madre Tierra.

Si bien las manifestaciones sociales expresadas como medidas de presión ante demandas irresueltas son amparadas bajo normativa nacional e internacional como una forma de ejercer el derecho a la libre expresión, es necesario reconocer que estas acciones afectan otros derechos fundamentales de terceros.

Como Institución Nacional de Derechos Humanos y en el marco de nuestras atribuciones constitucionales, cumpliremos con nuestro mandato de intervenir en aquellos casos donde se vulneren los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como sector más sensible para la cohesión social, que todas y todos los bolivianos debemos salvaguardar.

 

La Paz, 31 de julio de 2024