DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR REGISTRO DE OCHO MUERTES VIOLENTAS EN RECINTOS PENITENCIARIOS EN LOS PRIMEROS 34 DÍAS DEL 2025

La Paz, febrero 04 (UCOM/DPB). – A través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reveló que en lo que va del 2025 “ha tomado conocimiento de ocho muertes violentas al interior de recintos penitenciarios”, lo cual llama la atención si se compara con los datos del 2024, que dan cuenta de nueve muertes en toda esa gestión. Asimismo, instó a las instancias competentes a asumir “acciones prontas y favorables” que permitan optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios.

El Pronunciamiento publicado por la Defensoría del Pueblo, detalla que “durante toda la gestión 2024 ocurrieron nueve muertes violentas”, cifra que se contrapone a la que muestra que en los primeros 34 días del 2025 ya se registran ocho muertes violentas lo que representa un incremento alarmante en las cifras”.

Para la institución defensorial entre estas ocho muertes del 2025 existe el “agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas”. 

De acuerdo al detalle del Pronunciamiento defensorial, el 2 de enero se reportó el fallecimiento de una Persona Privada de Libertad (PPL) en el Centro Penitenciario de Morros Blancos (Tarija) por apuñalamiento, el 3 de enero se conoció el fallecimiento de un PPL en el Centro Penitenciario de Chonchocoro (La Paz), también por apuñalamiento, el mismo día se conoció de la muerte de un PPL en CERPROM (Montero – Santa Cruz) de manera violenta; el 12 de enero se registró un hecho de feminicidio/suicidio en el penal de Palmasola (Santa Cruz) con dos fallecidos; el 26 de enero se reportó la muerte de un PPL por impacto de arma de fuego, al interior del penal de Chonchocoro (La Paz); la noche de ayer 3 de febrero, se conoció de la muerte de dos personas privadas de libertad en el penal de Chonchocoro (La Paz); por heridas punzocortantes, sumando un total de ocho personas fallecidas de manera violenta a nivel nacional. 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en reiteradas sentencias que “el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas” (Corte IDH casos Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, 2012; Vera Vera y otra Vs. Ecuador 2011, Neira Alegría y otros Vs. Perú, 1995)”, cita el Pronunciamiento. 

Ante esto, y a través del Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo, hizo un “urgente llamado al Estado, para que, a través de las instancias competentes (Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana y Régimen Penitenciario) asuma acciones prontas y favorables a, principalmente, optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios en el país, ajustando sus acciones a estándares internacionales que permitan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado como garante de los derechos humanos de PPL bajo su custodia”.