Defensoría del Pueblo identifica incumplimiento de la norma sobre la rehabilitación de los hombres que ejercen violencia
18 de Noviembre de 2021 12:54 pm
La Defensoría del Pueblo identificó incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 348, sobre la implementación de procesos de reeducación/resocialización de los hombres que ejercen violencia (HEV), de acuerdo con una investigación realizada entre febrero y junio de 2021, con la intervención a instituciones del gobierno nacional y a 29 gobiernos subnacionales.
Este documento, denominado Informe Defensorial “Es con ellos”, fue presentado hoy por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en un acto que contó con la presencia de la representante de ONU Mujeres, Nidya Pesántez, y la Directora de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez. El informe contiene los resultados de la evaluación realizada al cumplimiento del artículo 31 de la Ley 348, que dispone la rehabilitación de los agresores por orden de la autoridad jurisdiccional competente para promover cambios en su conducta agresiva.
Entre los hallazgos más importantes, detalló Cruz, está que sólo seis de las nueve fiscalías departamentales (La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Chuquisaca) instruyen procesos de reeducación/resocialización para los hombres que ejercen violencia. Dijo que desde 2019 se habrían instruido esas acciones a tan solo 4.522 agresores, pero que sólo 765, es decir el 19%, dieron cumplimiento a dicha medida.
En la evaluación realizada se detectaron hechos que van en contra de la Ley Nº 348, como que algunos juzgados y tribunales instruían procesos de reeducación/resocialización, pero en los que debían participar tanto el agresor como la víctima, en contradicción con el principio de no revictimización, comentó la Defensora.
Así también, dijo que se evidenció que sólo el 21% de los gobiernos subnacionales tendrían políticas públicas para la reeducación/resocialización de los HEV, que sólo el 48% de ellos brinda dicho servicio, y que entre 2018 y 2021 se habrían registrado a 3.441 hombres agresores, que apenas representa el 2,5% del total de casos atendidos por el Ministerio Público.
Añadió que se constató que los programas que son ejecutados por los gobiernos subnacionales tienen falencias estructurales con relación a metodología, población objetivo, restricciones, instrumentos de derivación, registro y seguimiento del proceso.
“Los registros elevados de casos de violencia en contra de las mujeres son el reflejo de la baja efectividad de las políticas públicas adoptadas por el Estado, que pareciera conformarse con la simplificación del acto de violencia, enfocándose únicamente en penas privativas de libertad, mas no en la reparación de derechos”, enfatizó Cruz.
También destacó que en el informe se realizan recomendaciones “para que diferentes instituciones competentes realicen las acciones necesarias para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, a partir de la prevención estructural, de la implementación de políticas públicas, programas, sistemas de registro y monitoreo al cumplimiento de la reeducación/resocialización de los HEV, que deben considerarse en la modificación a la Ley 348”.
La Defensoría del Pueblo considera necesario crear un Programa Nacional para la reeducación/resocialización de los HEV y que estos servicios sean autofinanciados por los agresores. Esta medida sería un mecanismo para fortalecer el funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales, indicó Cruz.
“Necesitamos trabajar con todos los actores que estamos alrededor del proceso de violencia de género, desde las instituciones del Estado y considerando a los actores, víctimas y victimadores. Con el apoyo de todos es posible una sociedad más armónica”, exhortó la autoridad defensorial.