Defensoría del Pueblo insta a fortalecer los mecanismos para la prevención, persecución y sanción de los delitos de trata y tráfico de personas
23 de Septiembre de 2021 03:47 pm
La Defensoría del Pueblo, al conmemorar el “Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas”, reafirma su compromiso de trabajar e incidir en la lucha contra estos delitos y reconoce que existen tareas pendientes para fortalecer la acciones para combatirlos e incidir en la prevención y en la sanción.
El incremento de las tasas de desempleo debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 y necesidades económicas insatisfechas son los principales factores que empujan, principalmente, a grupos y poblaciones en situación de vulnerabilidad a situaciones de captación, traslado, acogida y explotación según los fines previstos en la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
Así también, se ha identificado que las medidas de distanciamiento por razones de bioseguridad, han propiciado que las organizaciones criminales instrumentalicen las plataformas de redes sociales para el reclutamiento de potenciales víctimas, especialmente niñas y niños.
Por otro lado, en el período 2019-2020, en que la Fiscalía General del Estado reportó la emisión de 421 resoluciones a razón de imputaciones por delitos enmarcados en la Ley 263; la Institución Defensoría identificó 201 imputaciones por trata de personas y 11 por tráfico de personas.
El Ministerio Público también reportó 1.339 resoluciones de rechazo por los dos delitos, 1.271 por trata de personas y 68 por tráfico de personas; 13 resoluciones de salida alternativa, 12 por trata de personas y una por tráfico de personas; 146 resoluciones de sobreseimiento por trata de personas y dos por tráfico de personas.
La Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2020 y hasta el primer semestre de 2021, recibió 56 denuncias relacionadas a estos delitos, referidas a la falta de atención de las instancias competentes, solicitud de apoyo o falta de información.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo convoca a las autoridades nacionales y subnacionales a extremar esfuerzos oportunos, necesarios y suficientes para la prevención y erradicación de los procesos de captación de víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, fortalecer los mecanismos de persecución y sanción a los tratantes, así como asegurar la protección y reintegración de sus víctimas.
Reitera la necesidad de articular un trabajo conjunto entre las diversas instancias encargadas de atender esta problemática a efecto de que se articulen mayores esfuerzos para precautelar la captación de niñas, niños, adolescentes y mujeres, principalmente; por ello insta, nuevamente, a que se realice con la debida celeridad la ratificación del Protocolo 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por parte del Estado boliviano, instrumentos internacionales necesarios para fortalecer la lucha contra la trata de personas, el tráfico de personas y delitos conexos que en la actualidad carece de atención prioritaria por parte de algunas reparticiones estatales.
La Institución Defensorial hace seguimiento al fortalecimiento de las capacidades de los Consejos Departamentales contra la Trata y Tráfico de Personas con la finalidad de observar el cumplimiento de las obligaciones que emergen de sus específicas competencias en la Ley 263, además de impulsar espacios de fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores públicos de las instituciones responsables de la atención a víctimas de trata y tráfico de personas, con énfasis en los Servicios Departamentales de Gestión Social, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales Municipales a través de procesos de capacitación.
La Defensoría del Pueblo, asimismo, ratifica su irrenunciable compromiso de combatir estos delitos vulneradores de la dignidad humana y los derechos fundamentales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad con énfasis en mujeres, jóvenes, niñas y niños. En consecuencia, es necesario que los Gobiernos Autónomos Departamentales velen por la creación y/o puesta en marcha de los centros especializados de acogida para las víctimas rescatadas de tales ilícitos conforme prevé la Ley 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
La Paz, 23 de septiembre de 2021