DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA AL ESTADO A OPTIMIZAR GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL PAÍS EN RESGUARDO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA

La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de la situación de conflictividad que atraviesa el país como efecto de la crisis económica por la escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles que ha provocado el alza de precios de alimentos de la canasta familiar, así como el encarecimiento de otros insumos como medicamentos y otros.

En respuesta a esta problemática, se observa una creciente manifestación de malestar por parte de diversos actores sociales y económicos, tales como empresarios, transportistas, comerciantes, entre otros. Estos sectores han expresado su preocupación por las consecuencias negativas en el desarrollo de sus actividades y han anunciado la implementación de diversas medidas de protesta, con el objetivo de exigir la pronta atención de las autoridades competentes.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, actuando en el marco de su mandato constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales y velar por el respeto a la dignidad humana, reitera su firme postura de respeto al derecho a la protesta social, considerándolo un mecanismo legítimo para la expresión de demandas y la exigencia de respuestas ante situaciones apremiantes.

Sin embargo, es importante recordar que, si bien la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta como una manifestación de la libertad de expresión, este derecho tiene límites cuando se adoptan actitudes hostiles. Por ello, se hace un llamado a los sectores movilizados a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y dentro del marco legal establecido.

Asimismo, se hace un llamado a las fuerzas del orden a tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha consolidado un marco jurisprudencial, el cual establece parámetros para el uso de la fuerza pública, misma que debe ser legítima, necesaria y proporcional; es decir, respetuoso de los derechos humanos.

Finalmente, se exhorta a las autoridades de Gobierno, en sus diferentes niveles, a optimizar la gestión de la conflictividad en el país. Esto implica priorizar el diálogo como mecanismo de resolución de controversias y atender las demandas de los sectores movilizados, con el propósito de prevenir la agudización de los conflictos, proponer soluciones viables y transparentes; y asegurar el bienestar general y la convivencia pacífica de todas y todos los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo mantendrá su labor de monitoreo de la conflictividad a nivel nacional, implementando diversas acciones orientadas a la protección de los derechos humanos de la población boliviana y a la promoción de iniciativas que contribuyan al afianzamiento de la convivencia pacífica y al fortalecimiento del tejido social en el país.

La Paz, 19 de marzo de 2025