DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA AL GOBIERNO Y MINEROS A BUSCAR CONCERTACIONES POR LA VÍA DEL DIÁLOGO Y PRESERVAR LA CONVIVENCIA PACÍFICA

La Defensoría del Pueblo informa a la opinión pública que, desde el arribo de cooperativistas mineros a la ciudad de La Paz con anuncios de movilizaciones y bloqueos como expresión de protesta para la atención a sus demandas por parte del Gobierno, la institución defensorial hace el seguimiento permanente del conflicto. 

Como resultado del seguimiento se informa que las movilizaciones bloquearon calles y avenidas de los Macrodistritos: Centro, Periférica y Cotahuma, donde la zona Central fue identificada como el sector más crítico por lo acontecido en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), donde los movilizados instalaron una vigilia en inmediaciones e impidieron la salida de los servidores públicos, quienes posteriormente dejaron el lugar. En cuanto al trabajo de la prensa, se hace el seguimiento de las agresiones que periodistas sufrieron por parte de los movilizados.

Por otra parte, la institución defensorial atiende la situación de los ciudadanos que fueron aprehendidos por el supuesto delito de la destrucción o deterioro de bienes del Estado. Operadores defensoriales verificaron que se respetó su derecho a la integridad y cuentan con la defensa procesal que por ley les corresponde.

Cerca de la media noche de la víspera, personeros del Gobierno y representantes mineros, en instalaciones del SERNAP, lograron un preacuerdo para la instalación de mesas técnicas de diálogo para hoy a las 08:00 horas, sin embargo, al momento (15:00 horas) no se efectivizó el acuerdo; empero, los representantes mineros informaron que desde el Ministerio de la Presidencia se envió una propuesta de reunión con el Presidente de Estado para el 10 de noviembre del año en curso, dicha invitación actualmente es analizada por el sector movilizado.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los movilizados a sostener sus manifestaciones de forma pacífica y evitar afectaciones a los derechos de terceros, así como el trabajo de la prensa; asimismo, se exhorta al Gobierno a brindar las garantías correspondientes para el trabajo de la prensa en la cobertura del conflicto y fundamentalmente, a dialogar sobre las demandas del sector movilizado de forma transparente y factible, velando para que los derechos humanos del conjunto de la población sean respetados y protegidos como lo establece la Constitución Política del Estado.

La Paz, 7 de noviembre de 2023