DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERVIENE EN EL CONFLICTO DE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE OCURÍ

Potosí, 15 de marzo de 2024 (UCOM/DDDP). – Tras los nuevos hechos suscitados en el municipio de Ocurí del departamento de Potosí, donde dirigentes y comunarios trasladaron a dos concejalas y un concejal hasta la comunidad de Maragua para exigirles firmen sus renuncias; la Defensoría del Pueblo en el marco de sus funciones, a través de la Coordinación Regional de Llallagua, impulsó espacios de diálogo instando a los dirigentes y las autoridades municipales optar por la concertación y la búsqueda de soluciones.

“En esa búsqueda de soluciones y a través del mecanismo del diálogo se logró que tres concejales, dos mujeres y un hombre retornen en horas de la madrugada del día de hoy (viernes) a Ocurí, salvaguardando la seguridad e integridad de los mismos” informó el Coordinador Regional Defensorial de Llallagua, Cesar Villca.

En horas de la madrugada la Delegación Defensorial de Potosí trasladó a los concejales a sus domicilios en Ocuri para reunirlas con sus familias. La Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, recordó que la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. “Como dice el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, llamamos a las autoridades pertinentes actuar de acuerdo a lo que dice la norma; las renuncias siempre tienen que ser voluntarias y no bajo presión”, agregó.

En el pronunciamiento emitido por la Defensoría del Pueblo se remarca que el acoso político es todo "acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o contra sus familias". A su vez, la violencia política se caracteriza por los "actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica y el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos".