Defensoría del Pueblo llama a intensificar los esfuerzos estatales para la inclusión efectiva de las personas con discapacidad

En el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo llama a las entidades gubernamentales nacionales, departamentales y municipales a unir esfuerzos para garantizar la vigencia de los derechos de este grupo poblacional y a eliminar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que limitan su participación plena en la sociedad.

Cada 15 de octubre, por determinación del Decreto Supremo N° 27837, de 12 de noviembre de 2004, se conmemora  el Día Nacional de las Personas con discapacidad, fecha que tiene el fin de reflexionar y tomar conciencia sobre los problemas que enfrentan estas personas. 

En Bolivia, según datos del Sistema del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), se encuentran registradas  93.015 personas con diferentes tipos de discapacidad y 6.275 están afiliadas al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). Los departamentos con mayor cantidad son La Paz con 22.627, Santa Cruz con 22.505 y  Cochabamba con 12.756 personas.

Lamentablemente, aún existen personas con discapacidad que se encuentran en situación de abandono familiar y estatal; también enfrentan limitantes a su autonomía personal, que se ven reflejadas en la infraestructura de las edificaciones, espacios públicos y otros, en el transporte público, que es inaccesible en todas nuestras ciudades, y en los prejuicios que persisten arraigados.

Ello denota la imperiosa necesidad de intensificar esfuerzos encaminados a adoptar medidas eficaces y políticas públicas, que permitan materializar una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad, y de promover simultáneamente su dignificación con su participación activa en la construcción y desarrollo del país.

La Defensoría del Pueblo llama a las autoridades gubernamentales, actuales y a las próximas, a atender  las demandas de esta población de forma oportuna, a efectos de evitar medidas radicales como las evidenciadas en las movilizaciones de la semana pasada, que en exigencia de un bono excepcional y de atención al sector, derivaron en una huelga de hambre en puertas de la Casa Grande del Pueblo. Sobre este punto, esta institución defensorial realiza seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional.

Esta institución defensorial lamenta que únicamente dos partidos políticos o agrupaciones ciudadanas (FPV y CC) hayan considerado en sus planes de gobierno políticas públicas o medidas afirmativas para esta población. También, que existan propuestas electorales que podrían ser consideradas como medidas regresivas, que de ser implementadas podrían afectar la inclusión de estos ciudadanos en la sociedad, principalmente en el ámbito educativo (MAS - IPSP, CC, FPV).  

La Defensoría del Pueblo insta al Comité Nacional de las Personas con Discapacidad (CONALPEDIS), la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad del Ministerio de la Presidencia (UE-FNSE), las Unidades Departamentales Especializadas en Discapacidad (CODEPEDIS, DIDEPEDIS, UDEPEDIS) y Unidades Municipales de Atención a Personas con Discapacidad (UMADIS, UMAPEDIS, UPCD), a promover y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos que atiendan las necesidades específicas de esta población, a fin de generar condiciones materiales para el desarrollo de sus potencialidades individuales, el ejercicio de sus derechos e inclusión social efectiva en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.     

La Paz, 15 de octubre de 2020