Defensoría del Pueblo observa demora en la implementación de las acciones para cumplir con el beneficio del indulto y amnistía

La Defensoría del Pueblo observó que, a dos semanas de haberse aprobado el Decreto Presidencial 4226 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias, no existe ninguna persona privada de libertad beneficiada con estas medidas, por lo que demandó a las instancias competentes, celeridad y eficiencia en la implementación de acciones y mecanismos para cumplir con lo dispuesto en esa normativa.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, recordó al Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General del Estado, Dirección General de Régimen Penitenciario, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Servicio de Registro Cívico (SERECI) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), la responsabilidad que tienen para dar cumplimiento a lo que establece el Decreto que tiene como fin incidir en la reducción del hacinamiento en los centros carcelarios a fin de evitar la propagación del COVID-19.

“La situación en las que se encuentran las y los privados de libertad en el país, requiere que estas instancias de manera urgente cumplan con lo que establece ese decreto, tomando en cuenta los altos índices de hacinamiento que, según cifras oficiales, en enero de este año mostraban la existencia de 18.126 personas privadas de libertad, lo que representa una sobrepoblación penitenciaria que alcanza al 219,30%”, manifestó Cruz.

Se refirió a la situación alarmante que atraviesan los penales a nivel nacional, lo que se refleja en lo ocurrido en Palmasola, donde fallecieron cuatro internos, uno de ellos habría dado positivo a la prueba del COVID-19; o el caso del policía de seguridad de la carceleta de Bahía en Puerto Suárez, que también dio positivo y tuvo contacto con los internos de ese recinto. “Estos extremos han generado un estado de emergencia en la población carcelaria a nivel nacional, exigiendo la atención médica inmediata y la realización de pruebas, además de la dotación de implementos de protección personal y fundamentalmente celeridad en sus procesos judiciales”, manifestó la Defensora.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo demandó al Tribunal Supremo de Justicia, la implementación inmediata y coordinada con las instancias competentes, de mecanismos tecnológicos ágiles y desformalizados para viabilizar el indulto y la amnistía; además, le solicitó revisar todos los casos de detención preventiva para analizar la procedencia de su cesación, y analizar la aplicación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal a personas sentenciadas que pueden acogerse a beneficios penitenciarios establecidos en la Ley 2298 y en el marco de recomendaciones de organismos internacionales.

Pidió a la Fiscalía General emitir, de oficio, requerimientos correspondientes y todas las diligencias necesarias para que se puedan viabilizar cesaciones de detención preventiva; solicitó también a Régimen Penitenciario, ante la inminente propagación del COVID-19 en las cárceles del país, medidas agiles y efectivas para materializar el cumplimiento del indulto y amnistía, y a su vez generar listados de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiarias.

La Defensora, instó a Defensa Pública a iniciar un proceso de clasificación y selección de las personas que podrían beneficiarse con la amnistía e indulto, y posibilitar en coordinación con el Órgano Judicial, Ministerio Público y las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario, la aplicación de herramientas tecnológicas que coadyuven a dar celeridad y efectividad a estas medidas. El SERECI y SEGIP, dijo, deben disponer con carácter de urgencia la otorgación de cedulas de identidad y certificados de nacimiento para el inicio de sus trámites.

Estas solicitudes fueron planteadas por la Defensora mediante notas formales dirigidas a las máximas autoridades de estas instancias.

La Autoridad defensorial también remitió una nota al titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando que, en coordinación con Régimen Penitenciario, se implemente una política de inserción laboral para las y los beneficiados con la amnistía o indulto.