Defensoría del Pueblo pide a la Fiscalía de La Paz y al Consejo de la Magistratura establecer responsabilidades por la cesación de la detención preventiva de un acusado de violación

La Defensoría del Pueblo solicitó, formalmente, a la Fiscalía Departamental de La Paz y al Consejo de la Magistratura, establecer responsabilidades por la cesación de la detención preventiva de Sandro Z.C., acusado de violar a sus hijas y concederle detención domiciliaria sin considerar el riesgo de fuga.

La Delegada Defensorial de La Paz, Teresa Subieta observó que en la audiencia en la que se dictó detención domiciliaria, el pasado sábado, no hubo la argumentación de los riesgos procesales por parte del Ministerio Público debido a la ausencia de la fiscal de Materia, Pilar Díaz, por lo cual, dijo se pidió las acciones y sanciones que corresponda.

La institución defensorial también pidió al Consejo de la Magistratura ejercer control y fiscalización al desempeño de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, José Luis Quiroga Flores, Iván Perales Fonseca y Patricia Mabel Aguilar, para establecer, en el marco de la Ley 025 del Órgano Judicial, responsabilidades por la decisión de levantar la detención preventiva a un acusado de violar a sus dos hijas desde que tenían 6 y 7 años y favorecerle con detención domiciliaria.

La Defensoría del Pueblo gestionó que los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), dependiente del Ministerio de Justicia, puedan brindar patrocinio legal a las dos víctimas que no cuentan con recursos económicos, en el seguimiento al recurso de apelación que presentaron para que se revoque el fallo judicial que favoreció a su padre con la detención domiciliaria y hacer seguimiento al proceso que se encuentra en la etapa de juicio oral, que aún no inicia.