Defensoría del Pueblo pide al Estado respetar decisión de Palos Blancos y Alto Beni, que se declararon municipios agroecológicos y libres de contaminación minera

La Paz, 14 de agosto de 2024 (UCOM/DPB). – A través de un pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades competentes respetar la determinación de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni, que se declararon municipios agroecológicos y libres de actividad y contaminación minera, a través de la ley departamental N° 239 de 7 de marzo de 2024.

Esta declaración surge a raíz de una acción presentada por la Vicepresidencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en la que argumenta que es tuición central del Estado administrar los recursos naturales estratégicos del país, lo cual dejaría sin efecto la mencionada declaratoria y pondría en riesgo a ambos municipios, así como sus actividades económicas agroecológicas, pues facilitaría el ingreso de las actividades mineras y otras que afecten el medio ambiente.

El texto defensorial “insta a las autoridades competentes a respetar la decisión de las bolivianas y bolivianos productores de los municipios de Palos Blancos y Alto Beni de promover la economía comunitaria y social cooperativa y la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria, implementando procesos  de seguridad y soberanía alimentaria eficiente y económicamente viable en el tiempo, en el marco del respeto a la libre determinación de los pueblos, establecida en sus leyes y cartas orgánicas municipales, la Ley Departamental y la misma Constitución Política del Estado (CPE)”.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo pide a las instancias competentes proteger a las organizaciones económicas comunitarias y las organizaciones sociales cooperativas que respeten el uso de suelo y las características de los ecosistemas, en el marco de la Constitución Política del Estado, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.

El pronunciamiento institucional surge luego que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, conoció las preocupaciones de los pobladores de Alto Beni y Palos Blancos, cuando visitó ambos municipios. En la oportunidad conoció que en ambas jurisdicciones existen cooperativas productoras y cosechadoras de cacao, plátano, yuca, cítricos y otros productos, y que una anulación de la declaratoria de municipios agroecológicos pondría en riesgo la certificación internacional lograda para exportar cacao y otros productos orgánicos.

Estas actividades demandaron una inversión, durante la gestión 2023, que asciende a Bs. 210 millones, en la construcción de la planta liofilizadora de frutas; planta de café mosetén y el centro de innovación del cacao, iniciativas de industrialización que se pondrían en serio riesgo.

La Defensoría del Pueblo recuerda a todas las instancias del Estado que, los artículos 306 y 307 de la CPE, señalan que el Estado: “Reconocerá, respetará, protegerá la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos”.

Cabe recordar que la institución defensorial promovió una Acción Popular en 2023, para dejar sin efecto la convocatoria a consulta previa, promovida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y reconocer al río Beni como sujeto de derechos.